En la nota dirigida al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil del Ejecutivo, Juan Carlos López Moreira Borgognon, el citado gremio plantea sus reclamos y soluciones a los problemas que actualmente está atravesando el sector de combustible y gas licuado de petróleo (GLP) en el Paraguay.
Entre estos piden la derogación del Decreto 6140/16, referente al uso de garrafas y comercialización de gas, debido a que “viola la Ley de marcas 1294/98).
Ratifican que Petropar está vendiendo gas en planta a fraccionadoras y estaciones de servicio al público a un precio subsidiado. Aseguran que la empresa no presenta en su página web la estructura de costo real del producto.
Asimismo, sostienen que la estatal de combustibles no cumple todas las exigencias legales en sus servicentros de despacho de gas, referentes a las instalaciones y garrafas.
Igualmente, piden que no se autorice la carga de garrafas en la vía pública con “camión granelito y módulo móvil”.
CUPOS. La Unión de Gremios también reclama la derogación de los decretos 1999/15 y 3324/15, que “violan el artículo 107 de la Constitución Nacional, al establecer que el MIC otorgue cupos de importación a las empresas supeditadas al informe técnico de Petropar para liberar las licencias previas de importación”.
Cuestionan que el gasoil Tipo III y la nafta económica tengan precio regulado por decretos en violación del artículo 107 de la Constitución. Plantean derogar los decretos y los precios queden liberados.
Igualmente, advierten el escaso margen de diferencia entre los precios de Petropar y los de venta al público del gasoil Tipo III.
Exigen incrementar la diferencia bajando el precio de portón de Petropar dejando de cargar sobre el gasoil sobrecostos de otros productos, como el etanol y GLP.
A su vez, cuestionan “las multas y persecuciones con procedimientos operativos no estandarizados y uso de equipos con calibración desactualizada”.
Condenan que el MIC está atentando contra el estado de derecho y seguridad jurídica de las inversiones, actúa a favor de Petropar y trata al sector privado como “cartel, oligopolio y otras expresiones ofensivas”, dice la nota.
