El embarazo de una niña de tan solo 10 años, que fue presuntamente violada por su padrastro, encendió esta semana el debate en oficinas, en las calles, ruedas de tereré y sobre todo en las redes sociales. Las posiciones a favor y en contra no se hicieron esperar tras lo acontecido. Según un estudio de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Uruguay, Guatemala (1,31), Paraguay (1,39) y Venezuela (1,49) son los países de la región donde menor es la tasa de justificación del aborto.
La interrupción de la gestación es aún un tema tabú en nuestro país, hay sectores que defienden la vida desde la concepción y otros que están a favor de la despenalización. En el país se registran por día dos partos de menores de 10 a 14 años y 53 casos de aborto.
El aborto es una de las causas de muerte materna en el país porque se realiza en condiciones de clandestinidad y alto riesgo. Los sectores feministas en reiteradas ocasiones remitieron al Congreso Nacional, proyectos de despenalización para determinados casos. Cuando está en riesgo la vida y salud de la mujer, cuando hay malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y en los casos de violación, debería haber excepciones de la penalización del aborto, según Clyde Soto, investigadora social y feminista.
“Un embarazo producto de una violación no puede ser penalizado en caso que la persona decida llegar al aborto”, resaltó Soto. Lamentó que las personas solo se preocupen si el embarazo llegará a su etapa final dejando de lado el riesgo que corre la menor de edad; y no se considera la interrupción del proceso por poner en peligro la vida de la niña.
Negativa. Por su parte, el provincial de la Iglesia Católica tiene como posición un rotundo “no” y apuesta a la vida desde la concepción. El provincial de los Jesuitas y presidente de la Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar) señaló que “la defensa de la vida es un principio básico que tenemos que tener como norte, defender la vida en toda su extensión y expresión”, indicó. Añadió que en el caso de la niña, el Estado tiene la responsabilidad de dar respuesta y defender la vida.
“No es una cuestión de solo prohibir sino de ser proactivos al cuidado de la vida, supone una atención particular, más a la gente que está en situación de pobreza que son los afectados por estas situaciones”, reflexionó el jesuita.
Richard Izquierdo, de Generación Provida, instó a que no se utilice el caso de la niña embarazada para justificar la despenalización del aborto. La posición del sector de salvaguardar las dos vidas; madre e hijo, no tiene una vinculación religiosa sino más bien por el derecho humano de la vida.
