La medida fue solicitada el pasado 28 de septiembre por la Oficina Anticorrupción (OA) del Gobierno, que, como querellante de la causa -conocida como “Qunita"-, había planteado que “se hallaba completa la instrucción respecto de los 18 procesados”, explicó la oficina anticorrupción en un comunicado.
El plan Qunita fue impulsado por el Ministerio de Salud argentino durante el último año de Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), con una inversión de 1.100 millones de pesos argentinos (unos 72,9 millones de dólares) para entregar a madres de bajos recursos ropa y elementos de higiene para bebés, así como accesorios para cunas.
De acuerdo con la Oficina Anticorrupción, las irregularidades se dieron en la selección y adquisición de los materiales para el proyecto, ya que “se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados”.
A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia (unos 271 dólares) informado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN, órgano de control interno de la Administración pública) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.
En la solicitud de elevación a juicio, la Oficina Anticorrupción había expresado que el exministro de Salud Daniel Gollán “en el carácter” de su cargo refrendó el acto que aprobó la licitación y dispuso la adjudicación a las seis firmas seleccionadas”.
Asimismo, Anibal Fernández, “en su calidad de Jefe de Gabinete de Ministros, adoptó la decisión de aprobar la licitación y adjudicarla en favor de las seis empresas irregularmente seleccionadas y de ese modo obligó abusivamente a la Administración”, por lo que “corresponde sindicar” a este como autor del delito de “administración fraudulenta”, concluyó el ente anticorrupción.
