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miércoles 20 de julio de 2016, 01:00

Elegir al mejor contralor y al mejor defensor del Pueblo

El miércoles 27, la Cámara de Diputados analizará las ternas de candidatos para el nuevo contralor y el subcontralor de la República, además del nuevo defensor del Pueblo. Son cargos muy relevantes que hasta ahora traicionaron la expectativa ciudadana, al verse contaminados por graves hechos de corrupción e ilegalidad. El desafío para los actuales legisladores es no volver a cometer el error de seleccionar a personas de dudosa trayectoria, solo por conveniencia política. Deben primar los criterios de honestidad demostrada en años de función pública o privada, la debida preparación para el cargo y el compromiso con la sociedad.

Con bastante atraso, la Cámara de Diputados analizará en su sesión de este miércoles 27 las ternas de candidatos que le fueron remitidas por el Senado, para ocupar los cargos de contralor y subcontralor de la República, así como del defensor del Pueblo.

En el caso del defensor, son 8 años de atraso para regularizar la situación institucional. El actual titular de la Defensoría del Pueblo, Manuel María Páez Monges, de la ANR, lleva 8 años de mandato vencido, al igual que su adjunto, Édgar Villalba, del PLRA, debido a la incapacidad de los legisladores y dirigentes políticos en ponerse de acuerdo para repartirse los cupos de poder.

Esta situación, totalmente irregular, es un motivo de bochorno internacional, que ha llamado la atención de varios organismos, como las Naciones Unidas, que han reclamado al Gobierno paraguayo su falta de institucionalidad.

En el caso del contralor y del subcontralor, los mismos permanecen vacantes luego de que el contralor Oscar Rubén Velázquez se vio forzado a renunciar en agosto de 2015, al ser enjuiciado por una serie de hechos de corrupción que salieron a luz en reportajes investigativos publicados por ÚLTIMA HORA. El funcionario fue imputado por estafa, inducción a un funcionario a un hecho punible y cobro indebido de honorarios. principalmente por el denominado caso de la secretaria vip, Liz Paola Duarte, secretaria privada del contralor, quien llegó a percibir remuneraciones que llegaban hasta un máximo de G. 37 millones al mes, sin cumplir las horas laborales requeridas.

También la subcontralora, Nancy Torreblanca, debió renunciar al cargo, al ser hallada igualmente responsable de las irregularidades denunciadas. Desde entonces, el cargo es desempeñado por un contralor designado en forma interina.

La incapacidad de haber podido designar a nuevos candidatos se debe, principalmente, a que los legisladores y dirigentes siguen considerando que tan importantes cargos son parte de las cuotas de poder que corresponden a sus respectivos partidos y grupos políticos, antes que instancias para servir y proteger a la ciudadanía, y sobre todo para ejercer un sistema de control institucional ante los abusos de poder, según sus funciones constitucionales.

El principal desafío para los legisladores y los dirigentes políticos, en esta etapa, es no volver a seleccionar a personas de dudosa trayectoria para ocupar estos cargos, solo por conveniencia política. Deben primar los criterios de honestidad demostrada en años de función pública o privada, la debida preparación para el cargo y el compromiso con la sociedad. Por una vez, hay que elegir al mejor contralor, al mejor subcontralor y al mejor defensor del Pueblo.