29 mar. 2024

El uso discrecional del dinero en el Senado perjudica al país

La credibilidad del Senado está dañada, entre otras razones, porque los que han ejercido su presidencia abusaron de su poder y distribuyeron discrecionalmente dinero contratando funcionarios para la Cámara Alta. En sus respectivos mandatos, el oviedista Jorge Oviedo Matto y el colorado Óscar González Daher ordenaron el ingreso de 400 nuevos empleados. Esto representa a los ciudadanos que pagan sus impuestos un mil millones de guaraníes mensuales, que bien pudieron ser invertidos en fines provechosos para todos. Con políticos que despilfarran el bien público, la Cámara de Senadores –que lleva adelante juicios políticos e interpela a funcionarios del Estado– pierde autoridad moral.

Gran parte de la clase política sigue manejándose con un criterio patrimonialista de los bienes públicos: consideran que el dinero que proviene del pago de los impuestos de los ciudadanos les pertenece y pueden hacer con él lo que se les viene en ganas.

Dejando de lado el criterio de que los fondos del Estado deben ser empleados con racionalidad en las áreas de mayor necesidad para el bienestar de las personas y el desarrollo del país, Oviedo Matto y González Daher –en sus respectivas presidencias de la Cámara de Senadores y, por lo tanto, del Congreso– han contratado a 400 nuevos funcionarios, a los que en el año se les paga en total más de 12.000 millones de guaraníes, cerca de tres millones de dólares.

Si se considera que el estudio de la situación actual del Senado hecho por el Centro de Adiestramiento en Servicios (CAES) encontró 1.400 empleados en el Senado, el 30 por ciento de los asalariados –es decir, uno de cada tres– fue nombrado en las administraciones de esos dos políticos.

Es evidente que las contrataciones se hicieron con criterios prebendarios y no han respondido a verdaderas necesidades. De ello hay que deducir que los dos políticos, ubicados en posiciones de adoptar determinaciones, han tomado decisiones que solo favorecen a sus intereses particulares clientelistas, no a los del país.

No solo ellos abusaron de su poder. Otros también lo hicieron, como el ahora ex senador Alfredo Jaeggli que, en dos meses y medio de mandato, nombró a 60 nuevos funcionarios. Con esa celeridad, en un año hubiera sobrepasado en número de nombramientos a González Daher y Oviedo Matto.

Uno de los mandatos principales de la Constitución para el Congreso, según su artículo 202, es velar por la observancia de la Carta Magna y las leyes. Esto conlleva la obligación de ejercer con responsabilidad los cargos al frente de las dos Cámaras, haciendo uso honesto y racional del dinero público.

Los presidentes del Senado que actuaron discrecionalmente, a estar por sus actitudes, han considerado como normal dilapidar el dinero que se les dio para administrar, inflando la nómina del personal de la Cámara Alta.

Ellos no fueron los únicos culpables del desborde. Por su actitud pasiva o por su participación activa en algunas contrataciones, los demás senadores han sido cómplices del desmadre institucional.

La consecuencia de esa manera de manejar el patrimonio colectivo es el aumento de la pérdida de credibilidad. La cual es fundamental pues los senadores deben tener autoridad moral para juzgar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia o para convocar a altos funcionarios de la Administración Pública para interpelarlos, tal como le permite el artículo 193 de la Constitución.

La conducta de los que fueron presidentes del Senado daña al Poder Legislativo, pero sobre todo al país, cuyos escasos recursos fueron utilizados para dar beneficio a unos pocos y perjudicar a la mayoría.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.