En este contexto, un informe de la JE señala que para ser intendente y concejal son inhábiles los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad, mientras dure la condena; los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, mientras dure aquella; y los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure la condena.
El informe destaca que debe existir una condena firme de pena privativa de libertad para que se configure la inhabilidad.
El hecho de estar acusado de algún presunto delito, no impide presentarse como candidato a un cargo electivo. Un proceso judicial, una denuncia o una imputación, no inhabilitan a un ciudadano porque se presume la inocencia, según el informe del TSJE.
“El único instrumento válido para inhabilitar una candidatura es una sentencia firme y ejecutoriada que debe provenir del fuero ordinario”, señala la información.
“Una vez notificado el TSJE sobre una sentencia firme, el organismo electoral considerará a la persona condenada, inhábil para ejercer cualquier candidatura”, agrega.
En resumen, la Justicia Electoral reiteró que las condenas firmes inhabilitan al elector; una denuncia, una imputación, o un proceso judicial, no lo inhabilita.
Durante la campaña electoral, muchos colorados y liberales denuncian que son denunciados solamente por persecusión política. Otros están procesados por hechos de corrupción. El intendente liberal de Villa Elisa, Líder Amarilla (PLRA) denunció que muchos fiscales iniciaron imputaciones selectivas contra varios de sus colegas.
