El tribunal, integrado por los jueces Bonifacio Rojas, Víctor Godoy y Sofía Jiménez, fijó la nueva sesión para el próximo 17 de noviembre, dijo a Efe Sonia von Lepel, abogada de la joven.
A la acusada, conocida como Raquel y que al momento de la masacre tenía 17 años, se le imputan los hechos de homicidio, en calidad de cómplice, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
La acusación está relacionada con la muerte de seis policías durante un operativo en junio de 2012, en el que más de 300 agentes acudieron a desalojar a un grupo de campesinos de las tierras del distrito de Curuguaty (este) que ocupaban para pedir que se integraran a la reforma agraria.
En este desalojo murieron además once campesinos, cuyas muertes no fueron investigadas por la Fiscalía.
Von Lepel afirmó que el juicio contra Raquel debe ser declarado nulo, debido a que la joven nunca fue sometida a una pericia psicológica para determinar su madurez psicosocial, tal y como exige el Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay.
Explicó que, sin esta prueba, no se puede determinar su grado de responsabilidad en los delitos que se le imputan y aclaró que el examen no puede realizarse cuatro años después de los hechos, ya que su nivel de madurez ha variado a lo largo de este tiempo.
La abogada expuso además que el supuesto delito de invasión de inmueble ajeno ya ha prescrito, debido a que desde junio de 2012 han transcurrido más del doble de años de la expectativa de pena prevista para castigarlo, que es de dos años de prisión.
En este tiempo, también expiró el plazo máximo de cuatro años que establece la legislación paraguaya para que se dé respuesta a una acusada en un proceso judicial, precisó la abogada.
La defensora reclamó la absolución de la acusada, que tras los hechos permaneció privada de libertad durante un mes y posteriormente quedó en libertad ambulatoria, es decir que puede desplazarse libremente pero debe presentarse una vez al mes en el juzgado.
En 2012, el entonces fiscal del caso Curuguaty, Jalil Rachid, hoy viceministro de Seguridad, acusó a Raquel, que era menor de edad, de haber actuado como “señuelo” con su hijo en brazos para “crear un ambiente de confianza” en los policías, tomarlos desprevenidos y tenderles una emboscada.
Von Lepel observó que esta acusación es la misma que se formuló contra las otras tres mujeres acusadas en el caso Curuguaty, condenadas en julio pasado a seis años de prisión, que cumplen bajo arresto domiciliario.
Además de ellas, cuatro varones fueron sentenciados a penas de entre 18 y 30 años de prisión por el mismo caso, mientras que otros cuatro fueron condenados a cuatro años de cárcel, y quedaron en libertad tras haber purgado su pena desde 2012.
El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Husein, mostró en julio su preocupación por las condenas, en un proceso en el dijo que presuntamente no se respetaron las garantías procesales, ni se investigaron las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas contra los campesinos.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un proceso calificado de “irregular” por organismos regionales como Unasur y Mercosur.
