“Estamos frente a un tema de peligro real de la Fiscal”, dijo el comisionado en una entrevista con la televisión local Guateavisión, en la que aseguró que las amenazas o campañas de difamación son un “comportamiento previsible” de las estructuras criminales que se sienten atacadas y “se resisten a desaparecer”.
La pasada semana, la propia Aldana alertó de la posibilidad de que el crimen organizado estuviera planeando “un atentado” en su contra, motivo que llevó al Gobierno del país a redoblar su seguridad y la de su familia, después de que recibiera una serie de amenazas e intimidaciones de las que hasta el momento se desconocen los autores.
Desde abril del 2015, la CICIG y la Fiscalía han desmantelado una serie de estructuras de corrupción en la que además del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxanna Baldetti están implicados altos funcionarios, exfuncionarios, empresarios y otros particulares, que han saqueado las arcas del Estado.
Precisamente ir en contra de estas grandes estructuras criminales, a juicio de Velásquez, provoca reacciones de esta “naturaleza”, tal y como vivió él mismo en su país o sus antecesores al frente de la CICIG.
A pesar de ello, el colombiano, que reconoció estar “acostumbrado” a estas situaciones, dijo tener por norma “no hablar de riesgos y temores” sobre su persona: “Uno no puede estar pensando en eso porque puede conducir a la parálisis. Cuando no pueda (realizar mi función) debo retirarme”.
Sobre las acusaciones vertidas en su contra por el expresidente Pérez Molina, que durante su declaración ayer, lunes, lo llamó arrogante y lo acusó de querer protagonismo y de no tener pruebas, Velásquez se limitó a decir que esta postura es una forma “mediática” de asumir una defensa.
“Hay mucho aprovechamiento, tergiversación y desinformación”, se intenta mostrar “una especie de persecución”, pero en todo momento se ha respetado la presunción de inocencia y el debido proceso: “Yo particularmente tengo siempre tranquilidad de mi comportamiento”.
No obstante, reconoció que toda esta situación “podría” clasificarse como una “guerra psicológica” cuyo fin sería minar el trabajo y la credibilidad de los equipos de investigación, “tergiversando y desinformando”.
