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Mundo
martes 19 de julio de 2016, 20:31

El Supremo venezolano anula la decisión parlamentaria de dejar sin efecto a jueces

Caracas, 19 jul (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano anuló hoy la sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) del pasado jueves en la que se aprobó dejar sin efecto el procedimiento de selección de los magistrados que fueron electos el año pasado cuando el Legislativo estaba en manos del chavismo.

"La sentencia N° 614 (...) anuló el acto parlamentario, en el cual se aprobó el informe presentado (...) en la sesión ordinaria del 14 de julio de 2016, y declaró que cualquier Comisión, artificio o acción que tenga por objeto anular la designación de los Magistrados y Magistradas, es írrito", señaló el TSJ en un comunicado.

La Sala Constitucional del Supremo indicó que los magistrados que fueron electos en diciembre de 2015 continuarán en sus cargos, "por lo cual ordena a la junta directiva de la Asamblea Nacional y a los diputados incursos en las irregularidades señaladas en la presente sentencia, acatar el orden dispuesto en la Constitución".

Además, agregó que la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia es "nula de toda nulidad".

El pasado jueves dicha comisión propuso al Parlamento, mediante un informe, la anulación de los jueces, debido a que, según argumentó, se "verificó la ilegalidad de los actos administrativos en la designación de los magistrados del 23 de diciembre del 2015".

Ante esto, la mayoría opositora de la cámara, con el voto en contra del chavismo, declaró nula la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes.

El informe de la comisión señaló que estos magistrados han emitido 14 sentencias que "han limitado la facultad de control político" de la nueva Cámara y aseguró que las credenciales de los magistrados designados por el chavismo supuestamente no cumplen con las exigencias establecidas en la Constitución.

Tras la aprobación del informe, una comisión de diputados del chavismo acudió a la sede del TSJ para solicitar que se declarara su "ilegalidad".