Cunha, que renunció al cargo luego de que la Justicia le suspendiera las funciones como presidente de la Cámara baja, fue el principal impulsor del juicio político que concluyó el pasado 31 de agosto con la destitución de la ahora expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, por unas maniobras fiscales realizadas con el objetivo de maquillar las cuentas públicas.
Cunha también está siendo investigado por el Supremo por su implicación en el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, del que supuestamente se benefició haciéndose valer de su cargo de presidente de la Cámara, al que renunció el pasado julio ante las diversas presiones.
No obstante, el político, un evangélico de tendencia conservadora, se aferró a su escaño de diputado, el cual está en juego después de que Cunha mintiera al Congreso al negar la existencia de unas cuentas secretas en el extranjero donde supuestamente escondió el dinero de la corrupción.
El pleno de la Cámara de los Diputados tiene previsto votar la anulación de su escaño el próximo lunes y Cunha ha confirmado, a través de su asesoría, que presentará su defensa de manera personal.
En una de sus últimas jugadas, Cunha presentó un recurso ante el Supremo para suspender el proceso, pero el tribunal consideró hoy, por 10 votos a favor y 1 en contra, que no existen razones para interrumpirlo ya que no fueron identificadas “irregularidades”.
En caso de perder su escaño, Cunha dejaría de tener el fuero privilegiado con el que cuentan los legisladores y sus procesos pasarían a manos de la justicia común, que suele ser más rápida que el Supremo.
