La Corte ordenó la demolición de 17 casas, pero no autorizó el desmantelamiento completo de la colonia que solicitaron los residentes de la villa palestina de Yasuf, que reclaman la propiedad de los terrenos.
“De conformidad con el anuncio del Estado, que tiene la intención de autorizar retrospectivamente las colonias (no autorizadas por la ley israelí), la Corte rechazó la solicitud de los demandantes que pedían la eliminación de todo el asentamiento”, declaró en un comunicado la ONG israelí Yesh Din, que representa a los propietarios palestinos.
El Supremo permite que permanezcan 18 viviendas, de las 39 existentes, por estar construidas en zonas donde no está permitida la edificación residencial, añade el diario digital Times of Israel.
El fallo no tiene en cuenta que sean terrenos de propiedad privada palestina, motivo de la demanda para reclamar su evacuación, y que era considerado ilegal por la Justicia israelí hasta que anoche se aprobó una ley que dará cabida legal a este tipo de colonias.
Para la comunidad internacional, todos los asentamientos en los territorios palestinos ocupados son ilegales, independientemente de su categoría en la ley local, como reiteró el pasado diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución 2334.
“Lamentamos que el Tribunal Supremo esté permitiendo que la colonia siga en pie; su existencia conduce a una constante violación de los derechos humanos de los palestinos que residen en el pueblo cercano”, declaró en la nota Yesh Din.
Para esta organización, el fallo demuestra que la política del Gobierno israelí es la apropiación de tierras que impide a los palestinos disfrutar de los derechos más básicos, como “demuestra la legislación de regulación aprobada ayer”.
La nueva ley permitirá legalizar de manera retroactiva unas 4.000 casas diseminadas en más de 50 asentamientos judíos en el Área C de Cisjordania, la zona bajo control administrativo y de seguridad israelí (según los Acuerdos de Oslo).
