La decisión del magistrado Teori Zavascki atendió un pedido presentado en mayo por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien sospecha que Rousseff, Lula y los dos exministros obstaculizaron las investigaciones por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Con la decisión de la Corte Suprema, también serán investigados el senador destituido Delcídio do Amaral y los magistrados del Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão y Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.
Zavascki había devuelto el pedido a Janot para un nuevo análisis después de anular otro proceso del mismo caso en el que fueron utilizadas escuchas telefónicas no autorizadas de conversaciones de Rousseff y Lula.
Janot había utilizado esas escuchas como parte del argumento para su acusación de obstrucción a la Justicia contra los implicados.
El procurador, sin el amparo de las escuchas, envió de nuevo el pedido en junio, durante el receso del poder Judicial por las vacaciones de mitad de año, que ahora fue atendido por Zavascki.
Con la apertura de la investigación se iniciará ahora el proceso de recolección de pruebas y después de esa fase Janot deberá decidir si formaliza la denuncia o archiva el caso.
La Asesoría de Prensa de Lula indicó que a pesar del exmandatario no haber sido notificado todavía, “repudia la filtración ilegal” de informaciones y el exgobernante “reafirma que siempre actuó dentro de la ley antes, durante y después del ejercicio de dos mandatos como presidente de la República, democráticamente electo por el pueblo brasileño”.
Los abogados de Lula, en tanto, señalaron en una nota de prensa que el expresidente “jamás practicó cualquier acto que pueda configurar crimen de obstrucción a la Justicia”.
“Lula no se opone a cualquier investigación, desde que sea observado el debido proceso legal y las garantías fundamentales”, explicó la defensa de Lula, quien es investigado dentro del proceso de la ‘Operación Lava Jato’, como se conoce el caso de corrupción enquistado en la petrolera estatal Petrobras.
Según las investigaciones, empresas constructoras sobrevaloraban los contratos con la estatal y el dinero de los sobornos era repartido entre ejecutivos de las compañías, exaltos cargos de la petrolera y una cincuentena de políticos, muchos de los cuales ya fueron condenados en primera instancia por corrupción.
