La Junta Municipal de Asunción aprobó ayer la ordenanza que prohíbe la permanencia y el trabajo de los limpiavidrios en las calles de la ciudad. Sin dudas, la respuesta a un justificado reclamo ciudadano, al que habría que sumar el problema de los cuidacoches, quizás hasta más grave que este, si consideramos las denuncias de violencia registradas con aquellas personas que, en la mayoría de los casos, con prepotencia se adueñan de los espacios públicos.
Pero sería de estúpidos pensar que una ordenanza municipal puede solucionar un problema tan complejo como este, resultado de una serie de factores sociales, culturales y políticos por todos conocidos.
Y el intendente Mario Ferreiro tiene razón al afirmar que de nada valdría aprobar esta normativa sin un pacto “político, social y financiero” con el Gobierno central que permita crear las condiciones necesarias para que estas personas, que necesitan educación y trabajo, puedan tener alternativas válidas y reales.
A todos nos gustaría que por ley podamos eliminar a los pobres y solucionar todos los dramas que afectan a esta castigada ciudad capital; pero no es así. Sacar a los limpiavidrios de las calles, muchos de ellos, niños y jóvenes, incluso con bebés en brazos, es una necesidad imperiosa, pues se están violando derechos humanos fundamentales, pero es necesario ser realistas y saber que la cosa no acabará con multas y una simple normativa.
Aquí lo positivo es que los concejales “por fin han tomado nota” de las quejas y dramas existentes y buscan intervenir de alguna forma. Pero esto no sirve más que como un puntapié inicial.
Si bien la ordenanza contempla capacitaciones para estos trabajadores informales, a través del SNPP y empresas privadas, está claro que la Comuna capitalina no tiene capacidad alguna para enfrentar esta compleja problemática en las condiciones actuales; es más, ni siquiera puede resolver el tema de la recolección de basura en el microcentro.
¿Y qué harán cuando esta gente salga de igual manera y no tengan para pagar los 20 o 70 jornales mínimos de multa? ¿Acaso van a enviarlos a todos a la cárcel? Sin un trabajo conjunto con las instituciones del Estado, así como la creación de un equipo técnico multidisciplinario, con objetivos concretos, plazos reales, financiación, apoyo familiar, etcétera, esta propuesta será “letra muerta”, un sueño sin sustento.
Esta coyuntura debería aprovecharse para profundizar seriamente sobre esta problemática y sus protagonistas, seres humanos con dignidad; víctimas de la explosiva mezcla de pobreza, falta de educación y familias destruidas.