La operación subsidio con sabor a condonación de la deuda campesina entraña negociaciones que matizan el escenario político. Se reataron viejas alianzas y hubo abandonos de último momento. Sin dudas, las posiciones estuvieron marcadas por el internismo partidario, cuya primera parada es el 17 de diciembre, día de elección de los candidatos presidenciales.
El Frente Guasu hizo gala de su poder al frente de la presidencia del Congreso, adonde llegó de la mano de Horacio Cartes, e impuso su agenda legislativa con la aprobación de la polémica ley de “Rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina, cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas”. El documento establece como monto del subsidio 25 salarios mínimos (G. 51 millones). La polémica se centró en la cantidad. Mientras los proyectistas y campesinos hablaban de 17.000, el Gobierno, en una interpretación perversa, afirma que por imprecisiones de la ley los beneficiarios llegarían a 240.000, con lo cual la condonación treparía a la astronómica suma de 3.200 millones de dólares.
Todo indicaba que la ley sería promulgada, ya que legisladores muy cercanos al presidente, como Pedro Alliana y Lilian Samaniego, adelantaron que Cartes le daría su venia para evitar una crisis mayor y por temor a un rebrote de la violencia política similar a la de marzo. En la mesa del presidente se desplegaron informes de inteligencia que alertaban sobre supuesta compra de armas por parte de sectores políticos para generar caos.
ALTA POLÍTICA. Ante la abrumadora aprobación en Senado (30 votos) el 27 de julio, los gremios empresariales intensificaron sus contactos para evitar que Diputados apruebe la ley. El martes a la noche se reunieron con el presidente, y este les reclamó en un tono que orillaba el regaño por qué no le presionaban también a Marito Abdo. En Senado, fue clave la votación de la disidencia colorada en consonancia con el luguismo y el liberalismo.
Tras aclararles que no vetaría la ley, les prometió sus votos en Diputados. “Encárguense Uds. de conseguir los votos para trabar”, desafió a la UGP. Los empresarios hablaron con Marito, le arrancaron una postergación que al final no se cumplió.
El miércoles se aprobó el subsidio y esa misma noche ya fue remitido al Poder Ejecutivo. Hasta entonces, Cartes estaba convencido de suscribir la ley. El jueves a la tarde, a su retorno de Caaguazú, volvió a preguntar a su entorno sobre los argumentos en contra. Se alejó unas horas y en soledad, al igual que la enmienda, decidió decir que no.
EL VOTO QUE DESCOLOCÓ. Cuando en Senado se perfilaba una mayoría a favor de la ley, desde el Palacio hablaron con el llanismo, su aliado natural, pero esta vez la respuesta fue: “Esta vez no podemos acompañar al presidente”. La postura de Blas Llano y su bancada tiene una razón de hierro: en el PLRA, el discurso anticartista de Efraín Alegre tiene fuerte eco. Y si no cortan la relación carnal con el presidente en este último tramo, fracasarán estrepitosamente en las internas. Si hay algo que tiene Llano es pragmatismo e inteligencia emocional-política.
Esta votación ratificó su alianza con Fernando Lugo, cuya sanación empezó con el apoyo a la enmienda. El Frente Guasu le devolvió el favor votando por el desafuero (frustrado) del senador Carlos Amarilla, hoy enemigo número uno del líder de Equipo Joven.
AIRES TRIUNFALISTAS. La decisión de vetar la ley le dio a Cartes un oxígeno importante y un resurgir de su imagen, muy deteriorada tras el proceso frustrado de la enmienda y su apoyo a Lugo para presidir el Congreso. Aprovechó el oportunismo electoral de la aprobación de la ley y el generalizado rechazo ciudadano. Fue como volver a sus orígenes, cuando se posicionaba contra la clase política y sus vicios.
Su frase: “Prefiero condenar mi futuro político, antes que condenar al Paraguay”, fue muy aplaudida en las redes. Cartes ganó esta vez la pulseada política expandiendo los beneficios a su candidato, Santiago Peña, y dejando a Marito Abdo en el papel de “político irresponsable”, especialmente en el segmento empresarial y la clase media.
Los grandes perdedores son los campesinos, que lograron la ley, pero por deficiencias en su redacción e imprecisiones torpes que no clarifican la fuente de financiamiento, dieron argumentos al Ejecutivo para el veto. Un error atribuible a los autores del proyecto. Además, cargan con el desprecio de la ciudadanía que los ve como “haraganes” que pretenden que otros paguen sus deudas con el agravante del caso vehicular que generan las movilizaciones.
Falta el segundo round de la pulseada, pero todo apunta que en el Congreso no habrá fuerza para rechazar el veto, y aunque se imponga la ley, Cartes pudo sacarse de encima la responsabilidad del tema.
Queda por saber cómo seguirá la protesta campesina.
Un asunto que tiene en tensa alerta al Gobierno mientras se vuelven a barajar los posicionamientos políticos.
