Feliciano Vera González murió electrocutado en 1990, mientras hacía tareas domésticas en la casa de la hija del coronel Federico Carpinelli. Hugo Javier Yesa falleció en 1993, cuando el madero de un arco de fútbol le cayó sobre la cabeza, mientras hacía labores bajo las órdenes del intendente de Jesús (Itapúa), Adolar Schlender. Juan Núñez falleció en 1995 asfixiado, pero nadie fue acusado por su muerte, “por no existir delito que investigar ni delincuente que castigar”, según la Justicia Militar. Gerardo Vargas Areco recibió en 1989 un balazo, pero su féretro llegó cerrado junto a sus padres, quienes lo forzaron y vieron que el cuerpo tenía quemaduras de segundo grado y le habían reventado un globo ocular. Claudio Cuevas –dijeron sus superiores– murió en 1991 cuando se agachó y la hebilla del cinto se le enganchó en el gatillo y su arma se disparó...
Según el informe Víctimas del Servicio Militar (Serpaj, 2012), son 147 los casos de niños y adolescentes desaparecidos y muertos en los cuarteles entre los años 1989 y 2012.
De entre las víctimas, 70 tenían entre 12 y 17 años. Solo 43 casos fueron investigados por la Justicia Militar. En 29 de ellos, los acusados fueron sobreseídos. Un caso fue archivado. En 5, se declinó la jurisdicción a favor de la Justicia Civil. Solo en 8 procesos abiertos hubo condenados. El 70% de los crímenes cometidos en el ámbito de los cuarteles durante 23 años no tuvo ningún tipo de investigación.
Abel Irala, en Objeción de conciencia y juventudes. Dos décadas entre la promoción y la restricción (Serpaj, 2012), explica que los “tratos inhumanos, hechos de desapariciones y muertes” deslegitimaron el SMO. Pero sobre todo –insiste Irala–, el SMO es “en este nuevo siglo, el más ‘eficaz’ (y represivo) método de control a la población juvenil por parte del Estado en una situación de crisis, y, por lo tanto, debe apelarse a diferentes estrategias para seguir manteniéndolo como un mecanismo de transmisión de la cultura militarista y a la vez de disciplinamiento a los jóvenes”. La disciplina de la sumisión para el control social, para la represión.
La diputada liberal María Carísimo presentó en el Congreso un proyecto de ley para reglamentar el SMO. “Debe hacerse en el Chaco una formación de los niños, a partir de los 14 años. Es como un laboratorio que estoy preparando, también para la formación”, ahondó cuando fue consultada.
Hay madres y padres que todavía lloran no solo la muerte de sus hijos, sino el no poder completar el rito del duelo ante sus desapariciones. Lloran la falta de justicia. Es una ofensa a la memoria de estas 147 víctimas (sin contar a quienes sobrevivieron a las torturas) el proyecto con tufillo fascista de la diputada.
