La insensatez y la insensibilidad se impusieron en la Cámara de Senadores, reiterando la absoluta futilidad de la “honorabilidad” con la que la tradición pretende adornar su nombre, en tanto que institución republicana dedicada a la representación popular y el manejo de los altos intereses de la Nación. En su sesión de la semana pasada, desvirtuaron completamente el sentido del proyecto de Ley de Financiamiento Político, mediante el cual se pretendía cortar los lazos que mantiene el crimen organizado con distintos ámbitos de la pirámide estatal.
Son atinadas, oportunas y necesarias las críticas manifestadas por la ciudadanía a las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que, ya en febrero pasado, fue aprobado por la Cámara de Diputados. Los senadores no solo cambiaron el texto original, relajando los controles a los aportes efectuados por personas y organizaciones de dudosa actividad en épocas de campaña electoral, sino que restituyeron los subsidios a los partidos políticos que los diputados, en una muestra de consideración hacia el interés popular, habían eliminado.
Desafortunadamente para la debida marcha de la institucionalidad republicana, la clase política retrocede en vez de avanzar. La dirigencia partidaria, aquella que está representada en la Cámara Alta, es incapaz de leer los mensajes que la ciudadanía constantemente le emite, en el sentido de asimilar el hartazgo y la indignación que producen los abusos de sus gobernantes. Son, además, insensibles, porque se vuelven a asignar recursos que necesariamente deberían orientarse a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de las grandes mayorías: educación, salud, vivienda e infraestructura vial.
Al mismo tiempo, echan por tierra sus publicitadas intenciones de sanear la actividad política en el Paraguay, ya que gracias al manoseo del proyecto de ley relajan los controles sobre los aportes a las campañas electorales de los partidos, permitiendo de esta manera que siga conservándose intacto el nefasto vínculo entre el dinero malhabido de las organizaciones criminales –en especial del narcotráfico– y diversos organismos estatales, tanto a nivel del Gobierno Nacional, como de los departamentales y los municipales, tal como ha quedado evidenciado desde el asesinato, hace ya medio año, del periodista Pablo Medina.
Desgraciadamente esta es la cruda realidad que exhibe constantemente nuestra clase política: insensibilidad, falta de aprendizaje de sus propios errores y completo divorcio en lo que atañe a la promoción del bien público. En este desventurado marco, resulta incongruente que luego reclamen a la población que demuestre “consideración” por una respetabilidad que ellos mismos nunca se han dedicado a cultivar, como debería corresponder en hombres designados por el pueblo para representar sus legítimos e impostergables intereses.
