"(La reforma) es una deuda de la totalidad de los partidos políticos”, defendió el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Marcelo Fuentes, en una entrevista publicada hoy en el diario Página 12.
La nueva ley, promovida por la presidenta Cristina Fernández, prevé la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con altos cargos elegidos por el Senado que reemplace a la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y el traspaso del sistema judicial de escuchas a la Procuración General, entre sus puntos más importantes.
El proyecto de ley será debatido el próximo martes en un plenario de comisiones, del que se ausentará parte de la oposición, a modo de protesta.
“No nos vamos a prestar al juego del Gobierno”, dijo a medios locales el diputado Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, al justificar la ausencia de su partido.
“El oficialismo intenta cambiar la atención de la sociedad del hecho más grave y doloroso que ha vivido la sociedad argentina, como lo es la muerte del fiscal Nisman”, agregó Negri.
Nisman murió de un tiro en la cabeza en su casa de Buenos Aires el pasado 18 de enero, la víspera de comparecer en el Congreso para detallar la denuncia contra Fernández y varios colaboradores por supuestamente encubrir a los presuntos autores iraníes del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994.
Desde la coalición de centroizquierda Frente Amplio UNEN, el senador Pino Solanas cuestionó que el kirchnerismo proponga una reforma de los servicios de inteligencia a tan sólo meses de las elecciones tras 12 años en el poder.
La senadora por el Frente Amplio Progresista de Río Negro Magdalena Odarda exigió la comparecencia en el Congreso del Secretario de Inteligencia, Óscar Parrilli, para explicar “de qué manera funciona este organismo y en qué se utiliza el dinero de su presupuesto”.
Asimismo, adelantó en un comunicado que pedirá una “convocatoria inmediata” de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.
Investigadores sobre los servicios de inteligencia argentinos denuncian que esta comisión, responsable de controlar a los servicios de inteligencia, está paralizada y citan como ejemplo que en los últimos siete años solo se reunieron cinco veces.
“Actúan sin ningún control, ni interno ni externo”, dijo a Efe el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, Torcuato Sozio.
La mandataria argentina apuntó al exjefe de Operaciones de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, en una carta en la que se mostró convencida de que la muerte de Nisman “no fue un suicidio”, pero el exespía no será citado por ahora a declarar en la causa, según anticipó la fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein.
Sin embargo, Stiuso se enfrenta a una demanda por presunto enriquecimiento ilícito, que será presentada mañana lunes por el legislador de Buenos Aires Gustavo Vera.
Vera sostiene en la denuncia que Stiuso fundó varias empresas junto con otros agentes cuando ejercía funciones en la Secretaría de Inteligencia con el fin de blanquear capitales obtenidos de modo ilícito.
Ante las críticas a Stiuso, la oposición recuerda que el ex hombre fuerte de la SI tuvo durante años la confianza de la mandataria y de su difunto marido y predecesor, Néstor Kircher, quien se lo presentó a Nisman para que le ayudase con la investigación sobre el atentado a la AMIA.
“Los servicios de inteligencia dependieron y dependen directamente de la presidenta. Ella es responsable y no comentarista de lo sucedido”, acusó el diputado radical Mario Negri.
Cada vez que la mandataria “acusa a los servicios de Inteligencia, lo que hace es autoinculparse”, lo mismo que cuando habla de que esos servicios “han fracasado, admite su propio fracaso”, agregó el senador Ernesto Sanz, también de la UCR.
La última reforma de la ley de Inteligencia argentina fue sancionada en 2001, tras el escándalo de los sobornos a senadores para lograr la aprobación de una nueva ley laboral en la que se vio implicada la Secretaría de Inteligencia.
