29 mar. 2024

El seguro para legisladores es otro abusivo privilegio

Que el Estado invierta anualmente 2.819 millones de guaraníes para pagar un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y parlasurianos, quienes tienen salarios mensuales de hasta 37 millones de guaraníes, constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política y que no se compadece de la afligente realidad que sufre la gran mayoría de la población más humilde. Mientras faltan medicamentos para muchos pacientes graves en los centros de salud o continúe la crisis en el sector de la educación, regalar tanto dinero público a los cuestionados legisladores implica otra ofensa para la ciudadanía.

No solo disponen del servicio de unos 20 profesionales entre médicos, odontólogos, enfermeros y nutricionistas en la Cámara de Diputados, a quienes se les paga unos 220 millones de guaraníes al mes solo en salarios, sino que además se les provee de un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y miembros del Parlasur, a un costo de 2.189 millones de guaraníes al año, según lo revela una serie de reportajes periodísticos que vienen publicando ÚLTIMA HORA y Telefuturo.

A quienes reclaman mayor inversión en el sector de la salud pública se les puede decir que esta constituye una gran inversión del Estado, pero para la salud privada, ya que los millonarios contratos para proveer los servicios son con conocidas empresas médicas privadas.

No se cuestiona el derecho esencial de que los funcionarios administrativos del Congreso accedan a un seguro médico, aunque lo ideal sería que compartan el mismo régimen al que están sometidos los demás trabajadores del país, en un plano de equidad. Lo que se cuestiona es que el Estado les pague a los congresistas electos un seguro médico de alta jerarquía, cuando además están percibiendo salarios y beneficios que llegan a los 37 millones de guaraníes mensuales, con los que perfectamente se pueden pagar ellos su propio seguro.

Una situación aun más privilegiada gozan los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Poder Judicial paga a una aseguradora privada unos 2.741.250 guaraníes al mes por cada ministro, totalizando 296 millones de guaraníes al año por los 9 ministros, mientras la presidenta de la Corte tiene una remuneración mensual de 51 millones de guaraníes.

Esta situación constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política y que no se compadece de la afligente realidad de privaciones y necesidades que sufre la gran mayoría de la población más humilde.

Mientras se denuncian reiterados casos de escasez de medicamentos y de equipos para muchos pacientes graves en los hospitales y centros de salud de todo el país, o mientras continúe la crisis en el sector de la educación, regalar tanto dinero público a los cuestionados legisladores y a los miembros de la Corte Suprema implica otra ofensa para la ciudadanía.

En una época en que se imponen las exigencias de austeridad y del uso racional de los recursos del Estado, urge que las máximas autoridades analicen mejor esta situación y dispongan las medidas correctivas más adecuadas, para evitar seguir despilfarrando el dinero público de manera tan escandalosa. Ya existen muchas razones de indignación ciudadana ante los abusos de la claque política. Es el momento de ir reduciendo privilegios y ponerse más cerca de lo que realmente siente el pueblo.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.