La implementación de las políticas públicas tiene a los funcionarios públicos en el centro de la acción. Imposible pensar que se pueda tener educación, salud, justicia o infraestructura de calidad sin servidores públicos con competencias e incentivos económicos adecuados.
Tanto las capacidades como los incentivos tienen un costo. Si las remuneraciones no están acorde al cargo, la responsabilidad y las competencias exigidas solo estarán dispuestos a trabajar quienes no consiguen trabajo en otro lugar o, lo que es lo mismo, los mediocres. Si no existen incentivos económicos adecuados, dará lo mismo a un funcionario realizar o no su trabajo.
En este contexto tan complicado de lograr un equilibrio entre las consideraciones técnicas, la disponibilidad de fondos y las demandas de los trabajadores, el Poder Ejecutivo se lava las manos y envía un presupuesto con la solución más fácil que es mantener todo igual.
Esto tiene dos implicancias: trasladar a otra instancia el conflicto y contribuir a mantener sin cambios las profundas desigualdades entre los funcionarios públicos reflejadas en sectores precarizados y privilegios insostenibles.
Por otro lado, el Poder Legislativo, para evadir el conflicto y congraciarse con determinados sectores políticos –no todos–, aumenta los salarios sin contar con una propuesta racional fundamentada en la meritocracia ni los recursos disponibles.
La respuesta del Poder Legislativo no se hace esperar y suma irracionalidad y conflicto al plantear una falsa disyuntiva: aumento de salarios equivale a retrocesos en derechos ciudadanos. Es decir, ante las deficiencias en la planificación y negociación de la gestión de los recursos humanos, la respuesta es mantener los bajos niveles de bienestar en el país. Las estrategias de política pública en las que unos ganan y otros pierden solo llevan a generar más conflicto, sobre todo cuando es posible negociar soluciones en las que todos ganen, aunque sea necesario ceder parte de las demanda en cada uno de los sectores.
El Poder Ejecutivo no puede negar que cuando quiso que se aprobaran leyes según sus propuestas negoció y lo logró. ¿Por qué en el caso de los salarios del sector público no hace el mismo esfuerzo en lugar de plantear sacrificar a la ciudadanía? Pero para ello necesita una propuesta de donde partir la negociación. Para eso están la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda, todos con competencias en el vínculo entre gestión de recursos humanos, gestión basada en resultados y financiamiento de las políticas.
Urge un plan con una visión de corto, mediano y largo plazos para que el servicio civil mejore su calidad y contribuya al desarrollo.
