En estos días previos a las elecciones municipales abundan las denuncias en contra de intendentes que llegaron a la sede de sus funciones con una mano adelante y otra detrás, para volverse –rápidamente– ricos, sin que su sueldo sea la causa del acelerado ascenso en la acumulación patrimonial.
Uno de los que ejercieron el cargo de intendente que logró el milagro del enriquecimiento en el ejercicio de sus dos gobiernos es Albino Ferrer, de San Lorenzo, quien había renunciado para ser candidato a la re-reelección.
De humilde vendedor de chipas en las calles, hoy tiene una considerable fortuna. Y ha utilizado su poder para beneficiar a sus familiares y amigos dentro de su administración municipal.
Como él, son muchos los intendentes que han cambiado a gran velocidad de situación económica. Esto no representa un buen signo pues crea la duda de en base a qué se han vuelto millonarios.
Ante la proximidad de los comicios del próximo 15 de noviembre, es el momento propicio para observar a los que ya fueron intendentes y aspiran volver a ser votados por la mayoría para conocer de qué modo han utilizado los fondos puestos a su disposición. Entre ellos están los royalties de Itaipú, los del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y los provenientes de las recaudaciones del Impuesto Inmobiliario de sus distritos.
Si hay tantos administradores corruptos es porque las instituciones de control y castigo han sido hasta hoy organismos que han traicionado el propósito de su existencia. Es inadmisible que las autoridades de tantas municipalidades sigan haciendo un uso incorrecto de los recursos disponibles. La Contraloría, como fiscalizadora y el Ministerio Público deben enviar a la cárcel a los que malversaron los fondos que debieron ser destinados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus municipios.
La ciudadanía también debe organizarse para pedir rendición de cuentas a sus autoridades y detectar los desvíos de fondos para fines personales. Su responsabilidad no debe terminar al depositar voto.
Ante las elecciones en puertas, es necesario que los que concurran a las urnas ejerzan un control sobre sus intendentes. Ellos, en el poder, no tienen carta blanca para disponer del dinero como si fuera de su propio bolsillo.
Los ciudadanos pueden utilizar los medios de combate a los delincuentes de las administraciones públicas que proporciona la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y sobre la base de datos públicos actuar exigiendo transparencia.
Si este estado de cosas se mantiene, el país tendrá pocas opciones para avanzar, y gran parte de los recursos seguirá en manos de intendentes que roban dinero público para enriquecerse.
