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Editorial
lunes 20 de marzo de 2017, 02:00

El proceso de las APP debe revisar experiencias europeas

Después de más de 30 años de implementación de las alianzas público-privadas (APP) en los países desarrollados, existe suficiente evidencia empírica que demuestra los riesgos que conlleva esta modalidad de financiación. Sin embargo, hay poca evidencia sobre los resultados de impacto. Es esencial, para lograr la efectividad, basar el diseño de las mismas en el conocimiento que ya se tiene de las experiencias pasadas. Por lo pronto, la aprobación de las primeras APP, como la polémica concesión de la explotación de las rutas 2 y 7 a la empresa Sacyr, en el contexto en el que se está realizando en el Paraguay, es un preanuncio de que puede implicar un fracaso en el largo plazo.

La modalidad de financiamiento por la vía de las alianzas público-privadas (APP) tiene varios justificativos. Los más importantes son la eficiencia del sector privado y la creación de espacio fiscal.

Se parte del supuesto de que las empresas privadas son más eficientes. Es decir, pueden producir con menores costos que el sector público. A esta altura del conocimiento ya está claro que eso no es necesariamente así.

En primer lugar, la mayor eficiencia se da por el proceso de competencia entre empresas. En el caso paraguayo ya partimos mal porque prácticamente no hubo competencia para garantizar varias opciones que combinaran costos con calidad.

Otro factor que no contribuye a la mayor eficiencia es que el financiamiento que consiguen estas empresas a largo plazo es a un costo mayor que el que consiguen los países por las vías tradicionales en los organismos internacionales financieros o con bonos soberanos. Lo que reduce las ventajas de esta modalidad.

Un empresario del sector declaró esta semana que si la empresa beneficiada tuviera los antecedentes negativos que la prensa señaló, no conseguiría el financiamiento para realizar la obra.

El problema no es que no va a conseguir financiamiento, probablemente sí lo hará, pero a un costo mayor. Y ese costo mayor lo pagaremos todos los paraguayos.

La segunda ventaja es que crea espacio fiscal para que los recursos genuinos se destinen a otros programas en los que el sector privado no tiene interés.

Sin embargo, la historia de los sobrecostos derivados de las múltiples renegociaciones de contratos terminaron por exigir al Estado cifras mayores a las previsiones iniciales. Los casos son emblemáticos en países altamente desarrollados como los nórdicos o Inglaterra.

Si a estas dos ventajas teóricas, no verificadas en la realidad de muchos casos, se agrega la gigantesca corrupción empresarial que hay detrás de los negocios millonarios de infraestructura, tanto en Europa como en los casos actuales que se observan en Brasil y Argentina, no podemos augurar un buen término del proceso teniendo en cuenta la debilidad del Estado paraguayo para garantizar el cumplimiento de los contratos, penalizar a los corruptos e imposibilitar colusión y conflicto de interés.

Pareciera que lo que nos resta esperar es sumarnos a las estadísticas mundiales de mala gestión de las APP, con el agravante de haber contado con información sobre los riesgos potenciales y reales, y de no haber implementado los mecanismos de contingencia para enfrentarlos.