Se trata de diferentes propuestas de iniciativa parlamentaria, que afectaron sobre todo a determinados sectores.
El último de ellos y el que generó más polémica fue el del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el 2017, que había sido modificado y sancionado por la Cámara Alta, pero que no fue del agrado del mandatario.
El artículo 209 de la Constitución Nacional explica lo que ocurre cuando un presidente de la República decide una objeción total a los proyectos sancionados por el Congreso, y establece un trámite.
“Si un proyecto de ley fuese rechazado totalmente por el Poder Ejecutivo, volverá a la Cámara de origen, la cual lo discutirá nuevamente”, es lo que se especifica.
“Si esta confirmara la sanción inicial por mayoría absoluta, pasará a la Cámara revisora; si esta también lo aprobase por igual mayoría, el Poder Ejecutivo lo promulgará y publicará”, se indica.
“Si las Cámaras disintieran sobre el rechazo total, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año”, estipula el mencionado artículo.
Es por esto que justamente cuando hay intereses encontrados entre los propios legisladores, muchas de las propuestas legislativas por más que puedan beneficiar a la ciudadanía terminan archivadas, y es que generalmente depende de la coyuntura.
Las cuestiones internas partidarias son las que permanentemente inciden a la hora de dar el veredicto final.
Entre algunos de los proyectos que fueron objetados totalmente por el Ejecutivo se encuentra la modificación de la Ley que adopta nuevas normas de protección fitosanitarias, que tuvo su origen en la Cámara de Diputados.
También la polémica modificación de la Ley General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito, promovido por la Cámara Alta.
Otra de las propuestas que fueron a parar al archivo fue la que establecía el 4 de julio de cada año como feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Nanawa.
El texto inicial de la Cámara Alta presentado por el colorado disidente Arnoldo Wiens en principio establecía que sea solo el año pasado, pero fueron los diputados los que cambiaron a cada año.
Otros vetos fueron a la prohibición de la reventa de entradas a cualquier espectáculo público, y a la protección a la niñez y adolescencia contra la malnutrición y enfermedades asociadas a ella. La objeción que generó indignación en el gremio médico fue la de un régimen jubilatorio.