Los magistrados deberán establecer ahora cuándo se celebrará la primera sesión del juicio contra Tariceanu.
Los fiscales le acusan de haber mentido durante una audiencia en un proceso de restitución ilegal de un bosque y una granja, cuyos perjuicios rondan los 135.000 euros.
“Tariceanu hizo, bajo juramento, el 15 de abril de 2016, declaraciones que no se correspondían a la verdad respecto a los aspectos esenciales de las causas sobre las que fue interrogado y no dijo todo lo que sabía”, señaló la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado de prensa.
Se trata de una investigación contra el príncipe Paul Phillipe de Rumanía, nieto del rey Carlos II, aunque no está reconocido como miembro de la familia real, además de otros empresarios y funcionarios públicos, por la adjudicación ilegal de terrenos.
El presidente de la Cámara de Diputados, el socialdemócrata Liviu Dragnea, también afronta un juicio por abuso de poder que habría generado unas pérdidas al Estado de 24.000 euros.
La decisión de la Corte Suprema se produce cinco días después de la retirada de un polémico decreto que preveía despenalizar ciertos casos de corrupción que habría beneficiado tanto a Tariceanu como a Dragnea, y que desató la mayor ola de protestas en Rumanía desde la caída del comunismo en 1989.
La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios -entre ellos ministros y un ex jefe de gobierno, el socialdemócrata Adrian Nastase- lo que le ha valido los elogios de la Comisión Europea.
