Por Roberto Irrazábal
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Laura Nahabetián vino al Paraguay a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) Paraguay y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Junto a la argentina Delia Ferreira Rubio, dictó días atrás la Conferencia Transparencia y Anticorrupción, donde resaltó la importancia de una Justicia independiente y el combate a la impunidad. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Uruguay, y magíster en Ciencias de la Legislación y Gobernanza Política por la Universidad de Pisa, Italia. Además es especialista en derechos humanos y gobierno y administración pública.
–Paraguay ha quedado segundo como país más corrupto de la región según el ránking que dio días atrás Transparencia Internacional. ¿Cómo hizo Uruguay para quedar entre los menos?
–Es verdad que Uruguay y Chile quedaron en un lugar privilegiado en América Latina. Sin embargo, estamos en el lugar 21, hay 20 encima nuestro. Eso quiere decir que hay por trabajar. No sabría decir a qué responde exactamente, pero asumo que tiene mucho que ver en el caso de Uruguay a que hay una fuerte cultura institucional. Tradicionalmente ha sido muy orgulloso de sus estructuras institucionales, hay respeto a una serie de valores, búsqueda de la consolidación de la democracia por todo lo que tiene que ver a la forma republicana de Gobierno que orgullosamente lo exhibimos desde la Constitución. Hace años ya hemos promulgado leyes vinculadas a la transparencia, publicitar fondos públicos, incrementar las sanciones para los funcionarios que accionan contra lo público. Esas fueron claves.
–¿En cuanto a acceso a la información?
–Desde el 2008 contamos con la ley de acceso a la información pública, con un compromiso gubernamental de todos los sectores. Fue unánime, y contó con la participación de la sociedad civil. Podemos decir que eso que se conoce como el círculo virtuoso de la política se dio porque participaron todos, y ahora está en proceso de aplicación, con luces y sombras, pero ciertamente esta norma ha apoyado mucho el hecho de que los ciudadanos empiecen a conocer cosas que antes a lo mejor tenían interés pero no sabían cómo avanzar para poder conocer.
–¿Qué rol le tocó al Poder Judicial, considerando el hecho de que la impunidad fomenta la corrupción?
–Un orgullo que tenemos en el Uruguay es que el Poder Judicial se ha mantenido como un poder autónomo que no ha sido permeable a la presión del poder político ni a otro tipo de presiones. Para nosotros, el Poder Judicial ha sido siempre un poder en el cual se puede confiar, no ha sido un poder en el que los ciudadanos tengan una visión, o por lo menos en la generalidad, de que es cooptado por otros intereses. Eso hace parte de nuestros activos, porque uno puede presentar sus demandas y la Justicia falla de acuerdo con su leal saber y entender. Eso es en términos generales lo que todos entendemos que sucede, con lo cual eso es ciertamente positivo.
–¿Y qué hacer ante instituciones que fomentan la corrupción y la impunidad?
–Sin duda que si hay impunidad todo esto que dije antes cae, porque no hay en quién confiar. ¿Qué hacemos con la institucionalidad democrática? Esas son parte de las preguntas cuando nos planteamos políticas públicas en esta materia, ¿por dónde nos empezamos a fortalecer?, ¿por vía normativa? Con las normas solas no hacemos nada. Tenemos que educar a la gente, empoderar a la gente, realizar campañas de sensibilización, involucrarlos a todos, Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y la sociedad civil, por supuesto, porque sin ella tampoco avanzamos.
–¿Cómo lograron una Justicia independiente del poder político?
–No es algo que nos suceda a nosotros (que haya un Poder Judicial obsecuente al poder político). No tengo conciencia de una campaña política donde se hable de cambiar a los ministros de la Corte. Nosotros tenemos constitucionalmente un mecanismo por el cual se nombran los jueces de la Corte en caso de vacancia y si no se llega al acuerdo en el cual se vota en el Parlamento asume al que le corresponda en razón a su ingreso en la Adjudicatura. Es decir, tenemos un mecanismo establecido, aunque siempre hay al que llamamos desubicado que pretende arremeter contra el Poder Judicial, pero muy tibiamente y nadie le hace caso. Eso es parte de las cosas buenas que tenemos en el Uruguay. Los poderes están separados y se respeta, y cuando se pretende no respetar hay más voces que se alzan criticando, incluso de manera interpartidaria, oposición y gobierno.
–¿Cuáles son los riesgos de esa ruptura de independencia de poderes?
–Es verdad eso de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces si nos metemos con el poder que justamente resguarda los abusos de poder, el único imparcial al que cualquier ciudadano puede ir y pedir que se le resguarden sus derechos, si nos metemos con quien tiene la potestad de decidir cuando se han vulnerado nuestros derechos, estamos en un problema. Ha sido una lucha sin prisa pero sin pausa, pero el Poder Judicial en Uruguay es un poder absolutamente respetado por todos.
–¿Es un proceso que tiene mucho arraigo en lo cultural?
–Hay que educar desde la casa, el colegio y desde las jerarquías gubernamentales con el ejemplo, porque si uno hace un muy lindo discurso pero después la ejecutoria diaria demuestra lo contrario, no sirve para nada, parecen cosas de perogrullo, pero hay que hacerlos. En toda América Latina uno ve maravillosos discursos a favor de la transparencia, ahora, al rascar un poquito y ver cómo se ejecutan, uno ve problemas; por ello es como nos decían en el colegio, que hay que predicar con el ejemplo.
