Saab explicó en declaraciones a la televisión estatal que el Poder Ciudadano determinó innecesario calificar esa supuesta falta, “puesto que las sentencias (...) ya fueron de oficio aclaradas” posteriormente por el máximo tribunal, que suprimió las medidas contra la Cámara.
Según la Constitución venezolana, para que el Parlamento pueda iniciar el proceso de destitución de los magistrados del Supremo, el Poder Ciudadano debe considerar previamente la falta de los jueces como grave.
