10 de diciembre
Sábado
Poco nublado con tormentas
21°
28°
Domingo
Parcialmente nublado
20°
30°
Lunes
Mayormente nublado
22°
32°
Martes
Mayormente nublado
21°
31°
Avatar
Avatar
Bienvenido,
Cerrar Cerrar
Cerrar
Login/Registración
Búsqueda
Cerrar
Política
domingo 3 de julio de 2016, 01:00

El PLRA y el Unace no informan al TSJE sobre uso de bonos

Los millonarios aportes obtenidos por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) para sus campañas políticas, a través de la emisión de bonos que en total superan los G. 15 mil millones, se siguen manteniendo en el total anonimato y aún no fueron aclarados al Tribunal Superior de Justicia Electoral, en abierta violación a la Ley Nº 4743 del 2012 “Que Regula el Financiamiento Político”.

El TSJE informó a ÚH que estos dos partidos no han informado hasta la fecha el detalle de quienes compraron estos millonarios bonos, que en el caso del PLRA, han establecido que serán pagados a sus portadores con además un 10% de interés.

Rendición. Luego de cada elección, la legislación exige a los diferentes partidos que informen sobre sus ingresos y gastos de campaña, así como el detalle de quienes fueron sus aportantes, ya que están prohibidos los aportes privados anónimos.

Tras las elecciones municipales de diciembre pasado, los partidos, alianzas, movimientos y concertaciones emitieron sus informes respectivos, entre ellos el PLRA y el Unace.

El PLRA detalló entre sus ingresos que emitieron bonos por casi G. 10 mil millones y los oviedistas también dijeron que hicieron lo mismo por más de G. 5 mil millones.

Sin embargo, ninguno de los dos partidos informó quienes compraron estos bonos.

La Ley que Regula el Financiamiento Político y el Código Electoral prohíben de manera tajante que los partidos políticos reciban dinero de manera anónima.

La Contraloría auditó también dichos informes pero no tomó en cuenta el dinero privado por señalar que solo puede auditar dinero público.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es el responsable por ley de establecer el control a la financiación de las campañas de las agrupaciones políticas para los cargos electivos municipales y nacionales, y cuenta con la potestad de negar el subsidio electoral a los que no presenten en forma sus respectivas rendiciones.