BRASILIA - BRASIL
El nuevo Gobierno brasileño busca acelerar un programa de ajuste para contener el déficit y reactivar la economía, pero el anticipo de reformas del régimen de jubilaciones y del mercado laboral pusieron en alerta a la población y a sus aliados en el Congreso.
El Gobierno ya envió una propuesta de enmienda constitucional para limitar por 20 años el gasto público al aumento de la inflación, levantando cuestionamientos por posibles recortes en salud y educación. Para el economista y ex funcionario del Banco Mundial Claudio Frischtak, la mayor economía latinoamericana se quedó sin opciones y debe ajustar duro. “Es la prioridad absoluta del Gobierno. Así no podemos seguir. Ponerle un techo al gasto público va a obligar al Congreso y a la sociedad a repensar el Estado, su tamaño y sus gastos, porque estamos llegando a una situación de inviabilidad fiscal”, dijo. “Ya es difícil para un Gobierno hacerlo en circunstancias normales. Para uno que acabó de asumir después de un proceso traumático, va a ser el doble de difícil. Pero no tiene opción”, añadió.
El martes, el Gobierno también dará el primer paso de su programa para reducir la presencia estatal en la economía, con anuncios de concesiones en infraestructuras.
La desestatización de Brasil, como la llamó Temer, comenzará con proyectos por 6.000 millones de dólares, adelantó un asesor de prensa del Gobierno. Las reformas a los regímenes de seguridad social y de trabajo, cuyo contenido no fue divulgado oficialmente, tocan temas de alta sensibilidad, como el aumento de la edad de retiro y la flexibilización de las jornadas laborales, que podrían llegar hasta 12 horas, dijo el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira.
El anuncio generó polémica y el Gobierno negó tajantemente el viernes en un comunicado que esté estudiando un aumento de la carga horaria semanal de 44 horas, sino que evalúa la posibilidad de distribuir esas horas de manera diferente.