El acuerdo menciona casos como el del dirigente opositor Yon Goicoechea, detenido ayer y acusado por el Gobierno de preparar planes violentos para la marcha opositora del 1 de septiembre, y el del exalcalde Daniel Ceballos a quien revocaron el arresto domiciliario el fin de semana pasado.
“La persecución ha sido brutal en particular contra miembros del partido Voluntad Popular, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”, dijo la diputada opositora Delsa Solórzano al presentar el acuerdo.
Solórzano nombró a una decena de dirigentes de Voluntad Popular, partido fundado y liderado por el opositor encarcelado Leopoldo López, que recientemente han sido objeto de amenazas, retenciones, allanamientos y traslados a prisión.
En tal sentido, el diputado Freddy Guevara, directivo de esa organización política, dijo que el partido se mantendrá dentro de la coalición opositora MUD y aseguró que “el Gobierno se equivoca si piensa que nos van a aislar”.
Por su parte, el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, consideró absurdas e insólitas las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado contra Voluntad Popular.
“Se ha pretendido, según la argumentación del Gobierno, focalizar la eventualidad de los disturbios del 1 de septiembre en Voluntad Popular y en algunos de sus dirigentes (...) van segmentando las culpas a los efectos de aislar las responsabilidades y después irán asignándolas una a una a dirigentes y organizaciones”, sostuvo.
Para este jueves está prevista una multitudinaria protesta en Caracas para presionar por un referendo revocatorio presidencial, una movilización que será pacífica, según la MUD, pero que ha sido señalada como un plan de insurrección por el Gobierno que ya ha detenido al menos a tres personas por esos hechos.
