La vinculaciones tendrían que ver con el uso de “la rampa presidencial, el uso de bienes, el uso de contratistas, el uso de funcionarios de las fuerzas armadas, el uso de pasaportes diplomáticos (...) para favorecer al narcotráfico en la figura de (...) los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, que además es diputada”, dijo.
De Grazia, quien ofreció estas declaraciones desde el Parlamento venezolano, indicó que esta solicitud fue entregada hoy en la Fiscalía “con ánimo y propósito” de que “se pueda materializar”, y que puede contar con la contribución de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), “a efectos de agilizar ese proceso”, dijo.
El derecho de antejuicio es una garantía que la Constitución otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente la autoridad competente se haya pronunciado sobre si hay lugar para la formación de causa.
El parlamentario señaló que esta acción no invalida ningún otro acto administrativo que pueda surgir desde la Cámara o de las comisiones que esta pueda conformar para atender el asunto.
“Incluso la fiscal puede actuar sin necesidad de acudir o recurrir a estos mecanismos. Le estamos pidiendo a la fiscal que actúe en función de todas las sospechas, todos los indicios que ha arrojado el juicio” llevado a cabo en Estados Unidos contra los sobrinos de la pareja presidencial, agregó De Grazia.
Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas fueron acusados por una fiscalía federal de Manhattan de conspirar para exportar y distribuir un cargamento de 800 kilogramos de cocaína al país norteamericano, que sería enviado a Honduras desde el terminal presidencial en el aeropuerto de Maiquetía de Venezuela, y de allí a EE.UU.
El Parlamento venezolano aprobó el martes un acuerdo “en rechazo al tráfico de influencias y al abuso de poder” por parte de los sobrinos de la primera dama venezolana, e instó a otros poderes a investigar el caso.
El Legislativo acordó ese día instar a la Fiscalía y a la Contraloría de Venezuela a “iniciar averiguaciones” para determinar si existe mérito para el enjuiciamiento penal en Venezuela de los involucrados en este caso de narcotráfico.
