La privatización se convirtió en una palabra prohibida tras la victoria del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al poder en 2003 con Luiz Inácio Lula da Silva y se mantuvo en este hasta mayo pasado, cuando el Senado dio el primer paso hacia la destitución de Rousseff, que se consumó ayer.
Todavía como interino, Temer le dio un giro liberal a la ruleta económica y las “desestatizaciones”, como en Brasil se conoce de manera eufemística a las privatizaciones, se colaron en la agenda del nuevo Gobierno.
“El Estado debe transferir al sector privado todo lo que sea posible en materia de infraestructura”, resaltaba un documento divulgado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) cuando Temer todavía era vicepresidente de Rousseff y planeaba entre bastidores el salto a la presidencia.
El informe, titulado “Travesía Social”, definía las líneas maestras del PMDB en materia económica en caso de conquistar la presidencia, a la que llegó de forma interina el 12 de mayo, cuando Rousseff fue apartada por la Cámara alta para afrontar un juicio político que este miércoles le apartó definitivamente del poder.
Desde entonces, el Gobierno de Temer lleva a cabo un plan de austeridad para revitalizar las dañadas cuentas públicas del país y remata un paquete de privatizaciones y concesiones con los que espera recaudar entre 20.000 y 30.000 millones de reales (entre 6.210 y 9.315 millones de dólares) el próximo año.
El paquete, que podría ser anunciado a mediados de mes, prevé transferir a la iniciativa privada en un primer momento los aeropuertos de Florianópolis, Porto Alegre, Salvador y Fortaleza y al menos dos terminales portuarias, según han anticipado en las últimas semanas miembros del propio Ejecutivo.
Temer había anunciado también la intención del Gobierno de estudiar la privatización de los aeropuertos de Congonhas (Sao Paulo) y Santos Dumont (Río de Janeiro), que acogen la mayor cantidad de vuelos nacionales, pero la propuesta ha sido aparcada por el momento.
La intención del Gobierno es anunciar el plan tras el regreso de Temer de la reunión del G-20 de China, país al que el presidente llegó también con el objetivo de atraer inversiones extranjeras para su programa de privatizaciones, que alcanzará los sectores de aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, distribución de electricidad y saneamiento básico.
El presidente ha reiterado que el paquete no contemplará, ni a corto ni a largo plazo, la privatización de la petrolera estatal Petrobras, la joya de la corona de Brasil y protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia del país.
Pero los aliados de Temer han impulsado un proyecto de ley, que avanza en el Congreso, para aflojar el control del estado sobre el régimen petrolero de Brasil y limitar los privilegios de Petrobras como operadora única en los yacimientos más ricos del país.
Una vez aprobada esa reforma legal, la intención del Gobierno es abrir las puertas del presal a grandes empresas petroleras del mundo, interesadas en esos yacimientos pero que los veían con cierta desconfianza por la obligatoriedad de asociarse a Petrobras, sumergida en una grave crisis.
Las voces que claman por la privatización de la mayor empresa de Brasil han aumentado en medio de la grave crisis que atraviesa la compañía, afectada también por la caída del precio del petróleo y el aumento de su deuda.
La posible privatización de Petrobras ha sido usada como arma arrojadiza por el PT y por el propio Lula, quien en reiteradas ocasiones ha acusado públicamente a Temer de querer “vender el patrimonio de Brasil”.
Los recursos de las privatizaciones serán fundamentales para que el Ejecutivo consiga alcanzar la meta de déficit fiscal propuesta para el próximo año de 143.100 millones de reales (unos 44.234 millones de dólares), un grave agujero que Temer atribuye a Rousseff.
En medio del descalabro de las cuentas, el nuevo Gobierno ha lanzado una propuesta de limitar el aumento anual del gasto público en función de la inflación del año anterior, la cual considera “una primera reforma estructural” que obligará al Ejecutivo a ser más eficiente con el dinero público.
La aprobación del techo del gasto público será una de las principales batallas de Temer en el Congreso, que de momento se ha mostrado algo cauteloso con el nuevo Ejecutivo, aunque más benévolo que con Rousseff.
