“Pretendemos que sea lo más rápido posible (la definición de la APP Aeropuerto). En este momento está en manos del comité evaluador el informe que recibimos de la Contraloría. Hay pasos que tenemos que cumplir y se está haciendo eso”, aseveró ayer el titular de la cartera, Ramón Jiménez Gaona, durante la inauguración de la subestación de la ANDE en Fernando de la Mora.
Continuó: “Es muy importante para nosotros preservar la credibilidad del proceso, de que las instituciones funcionen y en ese sentido estamos obrando”.
Mientras tanto, el viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Emiliano Fernández, dijo que la decisión está en manos de MOPC. Alegó además que se debe atacar la postura de la Contraloría.
“La Contraloría es un órgano constitucional, aunque no comparta en absoluto sus conclusiones, pues tienen fallas fuertes de criterio. No obstante, hay que acatarlas, pero no sin impulsar en paralelo y demostrar que adolecen al criterio legal y técnico. Es decir, acatar por que las instituciones hay que respetar en tanto las leyes exijan eso, pero sin perder de vista que lo que en particular dicen sus informes y conclusiones pueden estar erradas y eso pelear, pero por los órganos y medios institucionales habilitados” aseveró.
¿SALVARÍAN EL PROYECTO? Fuentes del Gobierno informaron que una encuesta reveló que el 85% de la ciudadanía dio su aprobación al proyecto de modernización del Aeropuerto, con la cual, se pretendería salvar la casi fallida APP.
Ayer se intentó tener la versión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el tema, pero la Dirección de Comunicaciones señaló que no están al tanto sobre la supuesta encuesta.
Vale recordar que la Contraloría respondió hace ocho días al pedido de reconsideración que solicitó el MOPC para salvar el fallido proyecto de modernización de la terminal aérea. En la nota, el ente contralor ratificó su postura de cancelar el proceso licitatorio, que tiene al consorcio Sacyr-Agunsa (España y Chile) como virtual ganador.
El ente contralor rechazó el recurso que solicitó Obras Públicas, principalmente porque la cartera obvió el proceso de precalificación de empresas, como ocurrió en el caso de la APP de las rutas 2 y 7, que también se adjudicó a la española Sacyr, y cuyas obras deben iniciarse en breve.
