Lo que se espera de los funcionarios con altas responsabilidades en un Gobierno es que se manejen con racionalidad. Ello implica mesura, sentido común y responsabilidad en la administración de los bienes públicos que tienen en sus manos.
Todo se originó en un pedido de informes de la bancada B del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y aprobado por el pleno de Diputados acerca de la cantidad de funcionarios permanentes, comisionados y contratados, especificando sus funciones concretas y el lugar en el que cumplen sus labores profesionales, además de otros datos complementarios.
Como respuesta, el Ministerio de Salud utilizó 17 camionetas de la institución remitiendo al Parlamento 2.000 biblioratos de 500 hojas cada uno –lo cual da un millón de hojas– con los detalles requeridos acerca de 45.000 funcionarios. Dividiendo la cantidad de papeles impresos por el número de empleados, da un promedio de 22 hojas para informar acerca de cada funcionario.
En el operativo, el Ministerio gastó 700 millones de guaraníes, lo cual es una suma sideral para un país en el que los sectores más pobres –aquellos que acuden a los hospitales de referencia y a los centros y puestos de salud– reclaman constantemente un mejor nivel de atención en los servicios de salud pública.
Siendo que muchas veces en los lugares en los que se hacen consultas médicas e internaciones faltan fármacos e insumos diversos para los actos quirúrgicos, es inconcebible un gasto tan desproporcionado en relación con lo planteado por los legisladores.
Cuando el Congreso, dentro de sus atribuciones constitucionales, pide informe a una institución pública lo hace para enterarse de aspectos concretos de la realidad. La respuesta tiene que ser breve, directa y ceñida a lo que se demanda. Está fuera de toda lógica que sobre un funcionario, aun siendo muy minucioso en los datos que se brinda, se puedan escribir más de 20 hojas.
En la actitud del Ministerio de Salud Pública no hay que leer que hubo excesivo celo para satisfacer a los diputados, sino, por el contrario, refleja un fastidio por “molestarle” en sus actividades cotidianas. Entonces, fuera de los cánones de la racionalidad, les hizo llegar un informe que jamás podrán terminar de revisar. Su mensaje es que no vuelvan a pedir informaciones.
El episodio insensato, que se parece más a ficción que nace de la imaginación de literatos antes que a la acción de un organismo estratégico en la función social del Gobierno, muestra de cuerpo entero la desmesura de los que están al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El principal responsable del descomunal envío es el ministro Antonio Barrios.
Como ya es imposible revertir un hecho tan lamentable, cabe esperar que ante el próximo pedido de informe no se repita semejante irracionalidad.
