25 abr. 2024

El jurado electoral rechaza la inscripción de un partido vinculado a Sendero Luminoso

Lima, 27 sep (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó hoy la solicitud de inscripción del partido Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, una agrupación que ha sido vinculada por las autoridades con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

En la imagen, integrantes del Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp). EFE/Archivo

En la imagen, integrantes del Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp). EFE/Archivo

Un comunicado del JNE indicó que el pleno del organismo declaró infundado un recurso de apelación interpuesto por el partido y, en consecuencia, confirmó una resolución emitida en agosto por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP).

El JNE agregó que al haber vencido el plazo previsto para el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el partido Unidad y Defensa del Pueblo Peruano no alcanzó el mínimo de firmas válidas de adherentes que exige la Ley de Organizaciones Políticas.

Esa ley señala que para inscribir un partido debe entregarse una relación certificada de adherentes “en número no menor de cuatro por ciento de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales”, que este año llegaron a casi 19 millones de votantes.

La inscripción del partido fue solicitada por el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), una agrupación que se define como “un frente político que une a personalidades y organizaciones progresistas democráticos y de recta conciencia”.

Está conformado por el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el Partido Etnocacerista Runamasi Perú Siglo XXI y la Coordinadora Patriótica de Liberación Nacional.

El Movadef, una agrupación que antes también intentó inscribirse sin éxito ante el jurado electoral, resalta la figura del líder y fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y tiene como principal planteamiento la amnistía general para todos los encarcelados por el conflicto interno que asoló a Perú entre 1980 y 2000.

Tras conocerse la decisión del JNE, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró hoy que en su país “nadie puede participar en política si está promoviendo la violencia.”

Kuczynski rechazó que la situación de Colombia, donde el lunes asistió a la firma de la paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), pueda compararse con la del Perú.

Consideró que Sendero Luminoso y las FARC “son grupos bastante distintos” y dijo que se tiene “que analizar con cuidado qué cosa ha hecho Colombia.”

“Acá tuvimos un movimiento, yo no diría mejor o peor, pero distinto”, enfatizó.

La decisión del jurado electoral se dio en medio de una polémica por la existencia de un mausoleo en el que se enterraron los restos de un grupo de senderistas que murieron en 1986 durante un motín en la isla penal de El Frontón, frente al puerto limeño del Callao.

El procurador antiterrorismo, Milko Ruiz, presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía para buscar identificar responsabilidades sobre la construcción del mausoleo en un cementerio del distrito de Comas, al noreste de Lima, donde se enterró a los senderistas.

Sin embargo, el jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Policía Nacional, general José Baella, declaró el lunes ante una comisión parlamentaria que la construcción del mausoleo no configura delito de apología del terrorismo.

Baella agregó que una marcha realizada durante el entierro por la autodenominada Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio tampoco incurrió en apología.

El alcalde de Comas, Miguel Saldaña, negó haber dado permiso para la construcción del mausoleo, con capacidad para 50 nichos, y dijo que pedirá la exhumación de los restos para luego demolerlo.

El presidente Kuczynski, declaró el fin de semana que el mausoleo “debe desaparecer” y “retirar los cadáveres de ahí con respeto”.

Sendero Luminoso fue responsable de la mayoría de los casi 70.000 muertos que se registraron en Perú entre 1980 y 2000 durante el conflicto armado que los subversivos generaron contra el Estado, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

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