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El engorroso juicio entre el Estado y la empresa Campos Morombí por la titularidad de las 2.000 hectáreas de Marina Cué, Curuguaty, aún puede durar varios años antes de que llegue a una sentencia firme y ejecutoriada, según representantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el fiscal adjunto Marco Alcaraz.
Este último fue el que firmó el dictamen de la Fiscalía General que recomendó a la Corte hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por Campos Morombí en el proceso por el inmueble.
Alcaraz explicó que el juicio podría llegar a extenderse por varios años y que la eventual resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad no resolverá la cuestión de fondo: si el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tiene o no derecho a intervenir en el proceso por la propiedad en Curuguaty.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público recalcó que la acción planteada por la empresa de la familia Riquelme busca que el juez de Primera Instancia decida si el Indert puede o no intervenir en el juicio, antes de emitir una sentencia.
“Solo el juez de primera instancia podrá decidir si el Indert tiene o no intervención. El fallo de la Corte no va a definir esto, que es el fondo de la cuestión, sino un aspecto procesal”, sostuvo Alcaraz.
El fiscal adjunto recordó que el dictamen de la Fiscalía no es vinculante y que la máxima instancia judicial puede sacar una sentencia completamente contraria al criterio del Ministerio Público.
Ahora, la Sala Constitucional de la Corte decidirá en qué momento el juez se expedirá sobre el derecho del Indert a estar en el proceso civil.
AÚN NO EMPEZÓ. Por su parte, Hugo Valiente, de la Codehupy, indicó que el proceso por las tierras aún es incipiente y que, por la forma en que se manejan los juicios civiles, el caso puede seguir hasta unos diez años más.
“El punto es que el juicio por la acción autónoma de nulidad que promovió el Indert todavía no empezó”, afirmó Valiente.
El abogado comentó que una vez que la Corte Suprema se expida, el proceso puede durar hasta cuatro años solo en la primera instancia.
“Lo que Campos Morombí pretende es que la Corte también se extralimite y se expida sobre el fondo de la cuestión y de esta forma anule la posibilidad del Indert de intervenir en el juicio por las tierras. El dictamen de la Fiscalía General adelanta esta postura”, aseguró el abogado.
