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Mundo
sábado 30 de julio de 2016, 11:13

El juez Gálvez anotó un "gol" a los acusados de saquear el Estado guatemalteco

Guatemala, 30 jul (EFE).- El juez Miguel Ángel Gálvez dio cátedras magistrales en su amplia fundamentación para procesar a 53 de los 57 acusados de corrupción en Guatemala y le anotó un "gol" a los defensores de la estructura criminal supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina.

Aunque durante su exposición lo había advertido, Gálvez hizo una gran jugada y dejó por fuera de su resolución el testimonio anticipado del colaborador de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y exsecretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón, también implicado en la red.

Con un par de agentes a sus espaldas y sus ayudantes, con cientos de expedientes sobre improvisados escritorios, el juez se plantó solo frente al grupo en el que además de Pérez Molina, un general retirado del Ejército, figuraba la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Sin tapujos, pero apegado a derecho, les mostró las evidencias en su contra.

"Aquí están y lo podemos verificar si quieren", le repitió una y cien veces Gálvez a los supuestos corruptos. Y con las pruebas en la mano no le tembló el pulso para dictar la resolución.

"Yo solo evalúo si hay indicios racionales, no valoro las pruebas", insistió.

Y ni las alzadas de voz de algunos abogados convencidos de la inocencia de sus patrocinados le hicieron cambiar su convicción para resolver en la primera instancia este "complejo" caso.

La resolución fue emitida sin admitir presiones populares ni de la comunidad internacional, aclaró, porque "no quiero afectar a nadie".

Y hasta se ganó algunas palabras de agradecimiento. "Me alegra que el juez haya resuelto apegado a derecho", dijo Pérez Molina.

La declaración de Monzón, exsecretario privado de Baldetti que delató a los integrantes de la organización, quedó fuera de la resolución porque era el "fuerte" de los abogados defensores, explicó el juzgador.

La mayoría de juristas, o todos, apuntaron sus dardos contra la versión de Monzón y algunos de los acusados, como el expresidente, lo tildaron de "mentiroso" como parte de la estrategia de defensa.

Y es que como dijo el juez: Monzón también es un "pícaro" y miembro de la estructura criminal, que en la actualidad está en prisión.

Hasta el mismo titular de la Feci, Juan Francisco Sandoval, había considerado "clave" el testimonio de su colaborador que, empero, puede ser utilizado en las próximas fases del proceso si el juez lo estima conveniente.

Gálvez fue inteligente, hizo un "globito" a los defensores y con gran certeza jurídica les anotó el "gol", pero con el testimonio del contador de Monzón, Víctor Hugo Hernández.

Decidió procesar a 53 por existir suficientes indicios racionales en delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho activo y pasivo y financiación electoral ilícita.

Cuatro más deberán quedar absueltos por falta de evidencias en su contra.

Las primeras investigaciones del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), establecen que el grupo, principalmente funcionarios públicos, recibieron unos 500 millones de quetzales (65,9 millones de dólares) en "coimas" por contratos del Estado.

Aunque la Justicia ha ordenado el decomiso de algunas propiedades de Pérez Molina y Baldetti y ha congelado millonarias cuentas bancarias, aún se desconoce en dónde están los fondos que supuestamente captaron a través de al menos una veintena de empresas "fantasmas" creadas para lavar dinero.

"Que me demuestre la Feci y la Cicig que recibí dinero en efectivo. Que me digan en qué cuentas están. Dónde está ese dinero. Es fácil decir que lo recibí pero no son capaces de demostrar", dijo el expresidente en su declaración ante Gálvez el pasado 27 de junio.

En su declaración de defensa, Pérez Molina también calificó de "arrogante" al comisionado de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, y criticó que "es un extranjero que en su afán de protagonismo se mete en cosas del país".

Ahora queda dirimir, en un tiempo indefinido, si por este, y otros casos de corrupción, los exgobernantes deberán enfrentar un juicio: un dilema sin fecha fija.

Óscar René Oliva