Casal, que se encuentra en Ciudad de Panamá impartiendo un taller organizado por la CICR y el Gobierno panameño, indicó en una entrevista con Efe que el hacinamiento es una problemática que no solo se va a encontrar en Latinoamérica, “la van a encontrar en Europa, en África o en Asia”.
Tiene consecuencias que inciden “esencialmente sobre la dignidad, sobre todo la salud de los detenidos, pero también de la gente que trabaja adentro” de las cárceles.
El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja dando seguimiento a este tema en unos 80 países en el mundo, y, destacó Casal, sea “cual sea el país, el hacinamiento sigue siendo el problema mayor de estos sistemas penitenciarios”.
Añadió que la sobrepoblación carcelaria pone una presión sobre los servicios básicos, ya sea el acceso al agua, acceso al saneamiento, acceso a la comida y a todo tipo de servicios básicos.
Por ello, insistió, que haya aglomeración de presos ejerce presión sobre esos servicios, “los va a deteriorar más rápido y, claro, con las consecuencias que pueden ser enfermedades de origen hídrico como la diarrea, y casos muy extremos como en algunos países de tuberculosis y enfermedades transmisibles”.
El especialista del CICR fue más allá y afirmó que uno de los principales problemas del hacinamiento es “cuando las consecuencias llevan a la muerte de la gente. Para mí es la principal”, resaltó.
“Como humanitario es mi misión principal: que la gente no se caiga enferma y mucho menos que se muera”, expresó.
En cuanto a Centroamérica, Casal señaló que la situación con esta problemática es la misma de otros países, “no está ni mejor ni peor, está claramente en la misma media que la de muchos otros países. Es un problema mundial”.
De Panamá, aseguró, se puede decir que tiene los mismos problemas que los otros países, hacinamiento y falta de recursos.
El 60 % de los 16.000 presos que hay en Panamá está recluido en La Joya y La Joyita, a las que se les describe como la “antesala del infierno”.
En octubre pasado, el Gobierno panameño aseguró que el hacinamiento carcelario del país superaba el 380 %, motivado en gran parte por el retardo procesal y el abuso de las detenciones preventivas.
En un documento entregado a los participantes de 12 países de América Latina que asisten al foro de infraestructura penitenciaria, el CICR reconoce que en la región se observa, sin dar cifras, un aumento de personas detenidas que “agrava los problemas crónicos de sistemas carcelarios”.
En ocasiones, según el CICR, los centros penales ya presentaban deterioro, atraso en infraestructura o insuficiencias estructurales según los estándares internacionales, en tanto que en algunos países hay altos niveles de reclusión, falta de gestión carcelaria adecuada y congestión de casos en los tribunales.
Estas circunstancias han hecho que muchas cárceles de América Latina se encuentren en situación de sobrepoblación y se exceda la capacidad de los sistemas penitenciarios, destacó el organismo humanitario.
El CICR cree necesario ayudar a las autoridades penitenciarias a enfrentar el reto del hacinamiento y otros desafíos en la gestión del sistema, por ello las apoya y asesora técnicamente y a todas las entidades que están involucradas en actividades de detención.
Para Casal, el reto que deben enfrentar las autoridades es que “desarrollen un método de gestión que sea adaptado a sus cárceles, a su situación cultural, a sus recursos, a sus competencias y a sus capacidades”.
Sobre esa base, añadió, “desarrollar unos estándares nacionales que correspondan a la realidad del país, sin coger los de otro país, porque, o van a ser inalcanzables o simplemente no van a estar adaptados (...) y no le va a beneficiar ni al privado de libertad ni a las autoridades”.
Explicó que el Comité tiene un enfoque en dar seguimiento individual al detenido, y otro estructural de apoyar a las autoridades para que todo en su conjunto pueda beneficiar a los privados de libertad.
Casal detalló que en 2015 más de 330.000 detenidos en todo el mundo se beneficiaron de los programas humanitarios del Comité en materia de seguimiento a las condiciones carcelarias en que están, mientras que en Latinoamérica totalizaron 72.000.
Según el experto español, si no se aplica un buen modelo de gestión penitenciaria “eficaz” y “humano” no podrá funcionar ningún sistema dirigido a reintegrar a los detenidos en la sociedad, por lo cual, indicó, ni la sociedad ni la población “se podrán beneficiar”.
Fabio Agrana
