En marzo de 2015 Floridian S.A., del empresario uruguayo Carlos Bustin, comenzó las negociaciones con el Gobierno de Vázquez para la compra directa de este avión multipropósito de tamaño mediano.
En ese momento, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) del país suramericano planteó objeciones, por lo que se decidió hacerlo por la vía de licitación.
Dicho proceso estuvo a cargo de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y registró como único oferente a Floridian S.A.
A principios de diciembre de 2016, el TCR objetó por segunda vez la compra de esta aeronave por considerar que hubo fallas en el proceso licitatorio que hubiesen facilitado la adjudicación a la misma empresa, según informó en su momento el semanario local Búsqueda.
Sin embargo, el proceso culminó y el 29 de diciembre de 2016 Vázquez y el ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Jorge Menéndez, firmaron una resolución que establece la compra de la aeronave Hawker HS 125-700 A, algo que no trascendió hasta hoy en los medios locales.
La decisión del Ejecutivo de Vázquez se basó en un dictamen de la Fiscalía de Gobierno, que el 14 de diciembre de 2016 contradijo al fallo del TCR.
En concreto, la Fiscalía consideró que “no ha existido, ni en forma real ni en forma potencial, un apartamiento de las normas sobre contratación pública (...)”.
Asimismo, el escrito estableció que no se vulneró el “principio de igualdad de los oferentes y de concurrencia”, algo que también había sido objetado por el tribunal.
Consultado por Efe, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, señaló hoy que considera que es una “pésima señal que el presidente siga adelante con una compra que fue cuestionada por el TCR para un avión que, en estos momentos de ajuste fiscal, es casi como una cachetada a la gente”.
“Inventan esto del dictamen del fiscal de Gobierno para hacer creer que se levantó la observación, que no es cierto. El fiscal de Gobierno no tiene autoridad jurídica, es como un asesor”, sentenció el senador uruguayo.
En tanto, Mieres explicó que el TCR “no tiene ninguna jerarquía por encima, los fallos del Tribunal no tienen ninguna apelación”, aunque tampoco tienen carácter prohibitivo.
Por su parte, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry aseguró hoy que citará al ministro de Defensa Nacional a la Comisión Permanente del Parlamento uruguayo.
La resolución firmada por Vázquez y Menéndez, que fue publicada en el Diario Oficial este lunes, establece la firma del “contrato respectivo” en un plazo máximo de 25 días hábiles, “contados a partir del vuelo de verificación”, que debe realizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma de dicha resolución.
El total de la adjudicación es de 1.010.000 dólares, precio que incluye el costo de la aeronave (890.000 dólares), una camilla especial (90.000 dólares), entre otros puntos que completan el monto total.
