El consorcio a cargo del proyecto está formado por la brasileña Odebrecht, implicada en un gigantesco escándalo de corrupción internacional, la española Enagás y la peruana Graña y Montero.
“El proyecto del gasoducto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional”, anunció el ministro en la emisora RPP Noticias.
Tamayo comentó que “el consorcio no ha sido capaz de llevar adelante el gasoducto porque el sistema financiero no cree en ellos”, tras lo cual indicó que mañana, martes, se informaría oficialmente de la terminación del contrato.
El ministro aseguró que las normas del contrato establecen que el Gobierno tiene un plazo de un año para convocar a una nueva licitación del gasoducto.
El pasado viernes, el consorcio concesionario había anunciado que esperaba iniciar los trámites para devolver la concesión para la construcción del gasoducto al Gobierno de Perú tras no conseguir la financiación necesaria para concluir la obra.
El proyecto Gasoducto Sur Peruano contempla una inversión de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.
El consorcio afirmó haber hecho “todos los esfuerzos posibles” para dar continuidad al proyecto, cuya construcción tenía un avance del 10,7 % en el montaje de las tuberías.
En Perú ya se encuentran el 62 % de los ductos que integrarán la instalación y existen veinte campamentos de obra construidos en las sureñas regiones de Cuzco y Arequipa para albergar a cerca de 4.000 trabajadores, además de diecinueve puntos de acopio de maquinarias y tuberías.
La brasileña Odebrecht es el socio mayoritario de la concesionaria, con el 55 % de las acciones, seguido de Enagás, que tiene el 25 %, y Graña y Montero, con el 20 %.
En medio del escándalo por los sobornos entregados a funcionarios peruanos, Odebrecht negoció el año pasado la venta de su participación en el Gasoducto con la energética estadounidense Sempra Energy, pero esta se retiró porque el Gobierno no quiso cambiar una cláusula anticorrupción del contrato.
En Perú, la empresa brasileña pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El proyecto fue adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht y Enagás el 30 de junio de 2014 y el contrato, cuyo valor de inversión es de 7.328 millones de dólares, fue suscrito el 23 de julio de ese año, durante el Gobierno de Humala.
