Un comunicado del ministerio indicó que la propuesta busca ser “una medida de lucha efectiva contra la corrupción”, para que estos delitos “no se extingan con el tiempo y merezcan ser juzgados.”
“Es así que se incorpora al artículo 41 de la Constitución Política del Perú el agregado: ‘La ley establece los casos en los que los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o servidores públicos son imprescriptibles’”, precisó el Minjus.
El ministerio señaló que la modificación constitucional requiere de 87 votos a favor en dos legislaturas consecutivas del pleno del Congreso para ser aprobada.
Agregó que este proyecto se suma a otras tres iniciativas de lucha contra la corrupción planteadas por el Ejecutivo, que se encuentran pendientes de discusión en la Comisión de Constitución del Parlamento.
“El Ejecutivo considera que el proyecto de imprescriptibilidad será una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción, a través de la persecución penal sostenida de estos delitos”, remarcó.
Aseguró que la reforma constitucional “abre espacio para una posterior modificación del Código Penal, a fin de establecer los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de su función que no prescribirán en el tiempo.”
El Gobierno de Perú también oficializó el sábado una ley que establece la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de funcionarios condenados por delitos de corrupción, también llamada “muerte civil”.
Esa norma se convirtió en el primer decreto en materia de lucha anticorrupción dictado por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso el pasado 29 de septiembre.
La ley se promulgó como parte de una serie de medidas inmediatas de lucha contra la corrupción anunciadas la semana pasada por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
El gobernante salió, de esa manera, al paso de las críticas que recibió su gestión por un escándalo protagonizado por su exasesor en temas de salud, Carlos Moreno, descubierto en coordinaciones irregulares para entregar los servicios del Seguro Integral de Salud (SIS) a clínicas privadas.
El Minjus comentó hoy que “el espacio que ocupa la corrupción en el Perú es preocupante” ya que, según la Novena Encuesta Nacional sobre Corrupción realizada en 2015 por la organización Proética, “este fenómeno es concebido como uno de los problemas más álgidos del país, que ocasiona pérdidas millonarias.”
Agregó que la Contraloría General de la República ha estimado que en Perú el dinero público perdido en actos de corrupción durante 2015 bordea los 12.500 millones de soles (unos 3.756 millones de dólares).
