El documento, al que tuvo hoy acceso Efe, se entregó este lunes ante el quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans, paso previo a la presentación de argumentos programada para el próximo mes de abril.
De este modo, los representantes del Gobierno pretenden tumbar la medida cautelar dictada en febrero por dicho juez federal, Andrew Hanen, quien paralizó todo el proceso a apenas unas horas de la apertura de solicitudes para el alivio migratorio.
Ante la parálisis en el Congreso para lograr una reforma migratoria integral, el mandatario decidió hacer uso de sus poderes ejecutivos para darle una solución temporal a la situación.
Así, Obama amplió las acciones diferidas para niños que crecieron en Estados Unidos (DACA), que implementó en 2012, y ordenó un plan similar para padres de residentes permanentes (DAPA), lo que en total podría evitar la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados.
El texto presentado por el Ejecutivo aduce que el Gobierno federal tiene la autoridad única para hacer cumplir las leyes de inmigración y utilizar sus recursos para los procesos de deportación, incluidos los aplazamientos de los casos de ciertos inmigrantes, como los que no suponen una amenaza para la seguridad.
Las medidas migratorias anunciadas por el presidente el pasado noviembre fueron llevadas a los tribunales por un total de 26 estados, quienes, liderados por Texas, argumentan que la medida es inconstitucional.
Los estados alegan que si la medida cautelar se elimina, sufrirán fuertes perjuicios económicos, pero el Departamento de Justicia estadounidense asegura que esos estados aún no han podido demostrar esa alegación.
Si la corte de apelaciones rechaza el recurso de la Administración, el caso podría llegar a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
La gran mayoría de los estados involucrados en la demanda contra las medidas de Obama está en manos de la oposición republicana, que las rechazan y han tratado de evitar su entrada en vigor también desde el Congreso.
