Ya en el primer semestre de Gobierno, Cartes logró una mayoría parlamentaria para aprobar las leyes de Alianza Público Privada (APP), de Responsabilidad fiscal y el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro).
La administración del mandatario se jacta además de la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional por USD 1.000 millones mediante la venia del Congreso.
Para el analista Ricardo Rodríguez Silvero, el país disfruta de una fortaleza macroeconómica y previsibilidad cambiaria, sumado a las expectativas de crecimiento en promedio de 5% anual del Producto Interno Bruto (PIB). “Nuestra capacidad de producción supera nuestra capacidad de reproducción”, sostiene.
Sin embargo, lamentó que este crecimiento sea excluyente y desigual debido a que solo beneficia a estratos superiores.
Criticó las autoasignaciones en la función pública donde se utiliza como herramienta las reglamentaciones internas de las instituciones, calificó este comportamiento como una “mega corrupción”. Se trata de un saqueo público, una estafa y usurpación de patrimonio del Estado en muchos casos, agregó.
El economista sostiene que con este saqueo ilegal se puede hundir al país.
A las carencias del Gobierno se suma la falta de una reforma tributaria. Rodríguez explicó que el 80% de los ingresos provienen de los tributos indirectos que se recaudan independientemente de la capacidad contributiva.
“Las clases medias y bajas aportar el 90% o más de la base tributaria y eso es absolutamente injusto”, reclamó.
Existen diferentes opiniones y puntos de vista respecto a la política económica del gobierno de turno.
El experto Amílcar Ferreira dice que está a favor de los bonos y en contra de una reforma tributaria.
En cuanto a la colocación de deudas en el mercado internacional, refiere que si bien es un éxito, esta operación debió realizarse apenas asumiera Cartes en el poder, así se hubiera evitado la paralización de las obras durante la transición del traspaso de mando desde abril del año pasado.
Con los recursos provenientes de los bonos se hubiera cubierto “el mientras tanto” hasta que aparezcan las primeras APP, que para el analista también es un gran avance pero que toma su tiempo ejecutar.
No está de acuerdo con la implementación de impuestos especiales para ningún sector de la economía, mejor recomienda que se trabaje en la evasión de tributos que se registra en mayor medida en los agronegocios.
Igualmente valora la aprobación del Iragro e IVA agropecuario y considera que se debe avanzar en el impuesto inmobiliario.
Estas normativas en teoría prometen al país un camino hacia el progreso y desarrollo, sin embargo, el mayor obstáculo es la capacidad de ejecución de los recursos que nos puedan proveer, según consideró.
Rodríguez Silvero dijo a radio Monumental AM que endeudarse por 30 años por USD 1.000 millones es arriesgado debido a que la capacidad de ejecución del sector público es solo del 30%.
Ferreira fue contundente al manifestar que el déficit en capacidad de gestión se debe a que la función pública no cuenta con personal altamente capacitado para ejecutar adecuadamente los proyectos mediante la elaboración previa de proyectos.
No duda en que este déficit en recursos humanos se debe a la masiva contratación de personal mediante influencias políticas, y lo que es igualmente grave, sin tener el perfil que las instituciones necesitan.“Esto es el resultado de una política prebendaria que se ha venido dando por décadas en nuestro país, donde el medio para acceder a un cargo público era la amistad con un político y no otros aspectos como la capacidad técnica, que es lo que debería ser”, lamentó.
Con la asunción de esta administración, Paraguay retornó al Mercosur luego de permanecer suspendido durante el Gobierno de Federico Franco, quien asumió el poder tras la destitución de Fernando Lugo mediante un juicio político. Para los países miembros del bloque regional en ese periodo se rompió con la democracia y decidieron suspender las relaciones diplomáticas con el país.
Para los comerciantes aún falta sentar una postura firme ante Argentina respecto las trabas para la navegación de los ríos que permiten a Paraguay exportar productos. Queda pendiente además seguir disminuyendo el contrabando de mercaderías provenientes del vecino país.
Autoridades de Argentina y Paraguay durante una reunión en Ayolas
La gestión de Cartes coincide con los 40 años del Tratado de Yacyretá, si bien el proceso de renegociación del inciso C ya inició, aún no está listo el resultado del acuerdo.
Paraguay reconoce como colaboración el monto de unos USD 6.300 millones que Argentina entregó para la construcción de la hidroeléctrica, pero el país vecino reclama el pago alrededor de USD 18.000 millones por los intereses acumulados.