“El Gobierno ha decidido no perseverar en el proyecto que discutimos en el día de ayer”, dijo a los periodistas el portavoz de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, Marcelo Díaz.
Para la aprobación de la iniciativa se requería “un amplio acuerdo político y parlamentario que esta vez no se reúne”, añadió.
El proyecto, denominado “ley express”, por la intención del Ejecutivo de lograr su aprobación en no más de 24 horas, buscaba resolver la situación de unos 480.000 votantes que fueron cambiados arbitrariamente de domicilio electoral.
Esta cifra representa un 3,3 % del padrón electoral del país que alcanza los 14 millones de electores.
Así, algunos ciudadanos domiciliados en Santiago se encontraron con que debían sufragar en la Antártica chilena, mientras otros que viven en la austral ciudad de Punta Arenas debían hacerlo en la capital, a 2.600 kilómetros de distancia.
La propuesta buscaba posibilitar que las personas afectadas pudiesen votar en el lugar donde lo hacían anteriormente o en el nuevo domicilio, pero de inmediato surgieron rechazos por abrir supuestamente la puerta a que alguien votara dos veces, o por tener normas posiblemente inconstitucionales.
El proyecto comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados la noche de este lunes, pero solo pudo aprobarse, por 7 votos a 6, en una comisión, mientras el Senado aguardaba su despacho para proceder, a su vez, a tramitarlo durante la madrugada de este martes, lo que no sucedió.
Los rechazos y cuestionamientos cruzaron todo el espectro político, incluida la oficialista coalición Nueva Mayoría, de tal manera que al reanudarse hoy las negociaciones, las dudas superaban largamente a las certezas.
Hasta ahora el Registro Civil y el Servicio Electoral (Servel), este último un organismo autónomo del Estado, se han culpado mutuamente del error, originado, aparentemente, por un fallo informático del que nadie se hace responsable.
El Ministerio Público abrió una investigación basada en una denuncia presentada por la oposición y hoy declaró durante más de dos horas ante una fiscal el director del Registro Civil, Luis Acevedo, quien a la salida se limitó a señalar a los periodistas su disposición a colaborar “en todo lo posible” con la investigación.
El ministro Díaz insistió hoy en la falta de acuerdo político para seguir adelante con el proyecto y negó que fuese un texto “improvisado o desprolijo”, como acusaron diversos parlamentarios y recordó que surgió “a propuesta del Servel”.
El próximo domingo, poco más de 14 millones de chilenos están convocados a las urnas para renovar los alcaldes y Concejos de los 345 municipios del país.
“Gobierno es el principal responsable de este desastre. Ministra de Justicia desaparecida, Interior no existe y Segpres (secretaría general de la presidencia) no hace la pega (trabajo)”, reprochó en redes sociales el diputado y exdirigente estudiantil Gabriel Boric.
