“En promedio, el consumidor residencial va a pagar por sobre lo que estaba pagando al 31 de marzo de este año un aumento del 203 %", indicó el ministro de Energía argentino, Juan José Aranguren, en el inicio de la audiencia pública.
Este año, el Gobierno anunció que a partir del 1 de abril las tarifas del gas se actualizarían, después de años de estar congeladas, en hasta un 800 % aunque posteriormente fijó un tope de subida del 400 % para los usuarios residenciales ante un fuerte descontento social.
No obstante, hubo varios reclamos judiciales en contra del “tarifazo” que llegaron hasta la Corte Suprema, tribunal que finalmente frenó el alza hasta tanto el Gobierno no cumpliera con la formalidad de convocar a una audiencia pública, cuyo resultado no es vinculante.
Para la audiencia se registraron para intervenir 330 personas, entre representantes gubernamentales, empresariales y de organizaciones de consumidores, por lo que se prevé que la sesión, que se realiza en Buenos Aires, concluya el próximo domingo.
En su intervención de unos veinte minutos, Aranguren planteó que el sistema de suministro de gas en Argentina “está distorsionado, es desigual, injusto y arcaico”.
Precisó que el 60 % de los hogares argentinos tiene acceso a la red de gas natural, mientras el resto depende de otros combustibles sustitutos, como el gas licuado de petróleo, por los que deben pagar hasta cuatro veces el valor del gas.
Recordó que en invierno Argentina se ve obligada a importar casi un tercio de sus necesidades de gas natural y que la capacidad de importación del país está “al límite” por lo que a veces no llega a cubrir los requerimientos y se deben hacer cortes de suministro a la industria.
El ministro indicó que el Estado nacional subsidia el 80 % del consumo de gas y “lo peor es que los subsidia también el 40 % de los argentinos que no tiene acceso a la red de gas natural”.
“Queremos ir hacia un sistema en el cual el suministro sea sostenible en el tiempo, queremos promover la producción local, tratar de reducir las importaciones al mínimo necesario, subsidiar solo a quienes lo necesitan y hacer un uso responsable del gas natural”, señaló Aranguren.
El ministro dijo que eso se logrará “a partir de promover un sendero gradual y previsible de incrementos de precios y de reducción de subsidios que permita acortar la brecha entre el costo de producción y la tarifa que pagan los usuarios”.
Recordó que en octubre se convocará a otra audiencia para el proceso de revisión integral de las tarifas del gas para los próximos años.
Aranguren precisó que en 2015 Argentina consumió un promedio de 128 millones de metros cúbicos de gas por día.
Por ese gas, los consumidores finales pagaron a razón de 2,50 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), pero los productores locales y los proveedores extranjeros cobraron por ese fluido un promedio de 5,83 dólares por millón de BTU.
La diferencia es el subsidio al consumo que el Estado se vio obligado a pagar el año pasado, por un total de 5.700 millones de dólares, y que Aranguren remarcó que es objetivo del Gobierno de Mauricio Macri reducirlo a casi cero.
El ministro dijo que el precio del gas en boca de pozo -el que se paga a los productores y que es parte de los ítems que inciden en la tarifa que pagan los consumidores finales- pasará de los actuales 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares.
Anticipó que ese valor del gas en boca de pozo -una variable fundamental que tienen en cuenta las petroleras para definir las rentabilidad de sus inversiones- seguirá “evolucionando de una forma gradual y previsible con aumentos semestrales en los próximos tres años”.
Aranguren dijo que el objetivo de esos incrementos en el precio del gas a boca de pozo es “poder lograr el valor de mercado a fin del 2019".
La audiencia continuaba hoy con intervenciones de representantes de las provincias petroleras, de empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de gas natural, de cámaras del sector y de consultores, entre otros.
