Entrevistado por radio La Red, el funcionario macrista aseveró que “si no hay ni riesgo de fuga, si no hay entorpecimiento”, no se puede privar de la libertad a ningún acusado y resaltó que lo que la exmandataria tiene que hacer es “explicarle a la gente” y a los tribunales sus argumentos.
“Creo que hoy jurídicamente no estarían dadas las condiciones para que ella vaya presa”, manifestó Garavano, consultado sobre si la situación judicial de Fernández amerita prisión preventiva.
“Todos estos casos tienen que llegar rápidamente a juicio oral y público”, que es el “momento donde todas las personas tienen derecho a defenderse”, agregó.
El retraso en esos procesos es, según el ministro, una “deuda pendiente” de la Justicia con la sociedad y fomenta la idea de impunidad.
En relación a las modificaciones que necesita el sistema, Garavano mencionó las reformas al Código Procesal que el Ejecutivo propuso recientemente al Congreso, a fin de dar a la Justicia las “herramientas” necesarias para hacer frente a delitos complejos como la corrupción, la trata, el lavado de dinero o el narcotráfico.
“Apuntan a fortalecer la capacidad del Estado y de la Justicia para investigar y de algún modo desbaratar organizaciones delictivas”, contó el ministro sobre las modificaciones, que actualmente se encuentran en estudio en el Senado.
El Ejecutivo también propone cambiar algunos artículos “que había dejado el Gobierno anterior” y que, según Garavano, “parecían tener por finalidad la impunidad”, como el hecho de que cuando “una persona admite su responsabilidad y da información”, el testimonio “no podía ser usado contra el resto de los partícipes”.
También se endurecen las condiciones para denegar excarcelaciones, tales como haber dado direcciones falsas o esconder los bienes objeto de delito.
Fernández se encuentra procesada en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en operaciones del Banco Central argentino durante la recta final de su mandato y el próximo 20 de octubre está citada a declarar en el marco de otra por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo.
La exmandataria (2007-2015) también aparece mencionada en expedientes sobre supuestas maniobras ilícitas de sociedades en las que es accionista y en la que investiga el patrimonio del empresario de la construcción Lázaro Báez -cercano al fallecido Néstor Kirchner y mayor adjudicatario de obras públicas en el sur del país-, actualmente encabezado.
