El nuevo cuadro de precios, presentado hoy en rueda de prensa por el ministro de Energía y Minería argentino, Juan José Aranguren, entrará en vigor a partir de mañana y permitirá, según el funcionario, tanto mantener el sistema como realizar inversiones para mejorarlo.
Las distintas regiones mantendrán tarifas diferentes y, pese a los aumentos del 24 % de media nacional, Aranguren incidió en que el 51 % de la población pagará facturas menores a 250 pesos (unos 16 dólares).
“Estas modificaciones de los cuadros tarifarios no solamente van a hacer frente al costo de operación y mantenimiento sin necesidad de subsidios por parte del Estado nacional en los próximos cinco años sino también a inversiones en el sistema de transporte y distribución por el orden de 48.800 millones de pesos (unos 3.100 millones de dólares)”, dijo.
El ministro insistió en que, tras los desajustes creados durante el kirchnerismo (2003-2015), el país está en medio de “un proceso de normalización del precio del gas”, con el “objetivo de tener precios previsibles”, con aumentos graduales y reducción progresiva de los subsidios estatales.
La medida busca garantizar un suministro “sostenible” en el tiempo, promover la producción local, reducir las importaciones y subsidiar solo a aquellos que lo necesitan, a la vez que fomentar el ahorro y un consumo eficiente, que es la forma de energía más barata, señaló el funcionario.
El ministro reiteró que se mantendrán las ayudas para los sectores más vulnerables, con tarifas sociales especiales, y que se bonificará a aquellos hogares que consuman menos.
Además, el Gobierno renegociará las concesiones a tres de las empresas encargadas de la distribución y transporte del gas, que, a diferencia del resto, no se habían alterado en los últimos años.
En esta ocasión, el aumento llega tras ser sometido a proceso de audiencias públicas con consumidores y actores del sector pero, después del anuncio, organizaciones de consumidores manifestaron su desacuerdo con la medida.
“No ha tomado en cuenta nada de lo que se ha expresado en las audiencias públicas (...) Va a acentuar el proceso recesivo que vive el país”, criticó el representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, según un comunicado de la asociación.
El año pasado, el primero del mandato de Macri, el Gobierno subió las tarifas con aumentos tope de 300 % para los usuarios residenciales y de hasta 400 % o 500 % para comerciales e industriales.
Inicialmente los aumentos habían ascendido hasta 800 %, pero el Ejecutivo decidió ponerles límites máximos ante el descontento social generado y las subidas decretadas también para otros servicios, como el agua o la luz.
La subida sufrió después otro revés dado que la Justicia lo tumbó por no haber sido sometido a proceso previo de audiencias públicas.
El Gobierno organizó las consultas en el último cuatrimestre del año y oficializó de nuevo el cuadro, sin grandes novedades respecto a lo definido en primera instancia.
