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Economía
domingo 20 de noviembre de 2016, 01:00

El gasto salarial inflado pondría en peligro Tekoporã y alimento escolar

Si se aprueba, la suba del 12% para docentes y personal de blanco costaría USD 84,9 millones. Para financiar Tekoporã se precisan USD 63 millones y para alimentación escolar, USD 16 millones.

El aumento salarial del 12% aprobado por la Cámara de Diputados para docentes (educación inicial, escolar básica, media, supervisores y directores) y personal de blanco (médicos, enfermeras, odontólogos, químicos, bioquímicos, entre otros) pondría en peligro varios programas sociales, como Tekoporã, alimentación escolar, pensión alimentaria de adultos mayores, adquisición de medicamentos y construcción de viviendas.

De acuerdo con las primeras estimaciones, el costo de la suba salarial aprobada por la Cámara Baja asciende a G. 490.000 millones (USD 84,9 millones). Como es un gasto rígido (debe ser cumplido), el Estado deberá recortar otros gastos, como los destinados a programas sociales.

Por ejemplo, el proyecto de Presupuesto 2017 estima destinar al programa Tekoporã G. 374.000 millones (USD 63,1 millones) el próximo año. Mientras que en el año 2011, este programa asistía a 88.153 familias en situación de pobreza, este año se estima llegar a 140.000 familias y para el próximo año a 150.000 familias con las transferencias monetarias condicionadas.

Entretanto, para el programa de pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza se tiene previsto destinar el próximo ejercicio fiscal G. 1 billón (USD 175,5 millones) y alcanzará a 190.000 beneficiarios.

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2017 presentado por el Poder Ejecutivo asciende a G. 69,1 billones (USD 11.986 millones), pero la Cámara de Diputados elevó el gasto a G. 69,7 billones (USD 12.090 millones).

Los gastos incrementados por Diputados no cuentan con fuente de financiamiento, es decir, fueron aprobados sin contar con un respaldo de fondo, por lo cual el Poder Ejecutivo deberá recortar otros gastos para poder cumplir con el pago de salarios, en caso que el presupuesto se sancione así.

Uno de los problemas principales del plan de gastos es que se priorizan los aumentos salariales o beneficios al personal público, con lo cual prácticamente no quedan recursos de impuestos para financiar otros programas.

BENEFICIOS. Si bien cuando se presentó la matriz salarial en el año 2014 el Poder Ejecutivo había señalado que disminuirían drásticamente los fondos destinados a servicios personales, esto no se dio.

La matriz salarial incorporó al salario de los estatales el 70% de los beneficios que percibían (bonificación por título universitario, por responsabilidad en el cargo, por antigüedad, por gestión presupuestaria, entre otros).

Para el año próximo se estima que 52 instituciones, de un total de 95 entidades que someten su presupuesto a consideración del Congreso, aplicarán la matriz salarial. El problema es que varias entidades que aplican la matriz salarial volvieron a incorporar el pago de gratificaciones a sus funcionarios, con lo cual los gastos en servicios personales continúan elevados.

Otro inconveniente es que se siguen incorporando funcionarios al servicio público. Mientras que a inicios del año 2014 estaban presupuestados 280.622 cargos en total, para el año 2017 se prevé un total de 289.963 cargos.

Como el Estado destina alrededor de G. 75 de cada G. 100 recaudados en impuestos a pagar salarios, le sobra poco dinero para ejecutar obras y atender a los sectores menos favorecidos. A raíz de ello, el endeudamiento público también se incrementa. El próximo año, se prevé destinar G. 3,3 billones (USD 571,9 millones) a la emisión de bonos, de los cuales el 55% será para cancelar deudas anteriores.