Carlos Roberto Vielmann, para quien la Fiscalía española pide 160 años de cárcel por estos hechos, ha asegurado que en 2009 optó por la nacionalidad española ya que es hijo y nieto de españoles y que en 2010 viajó a España no para huir de la justicia de Guatemala sino con su mujer para asistir a la graduación de un máster de su hijo en Barcelona.
Ha asegurado que estaba dispuesto a volver a Guatemala pero que no lo hizo a raíz de que la Fiscalía de este país hiciera pública su supuesta implicación en estos hechos y al considerar con sus abogados que no se daban las condiciones de seguridad judicial ni personal ya que “sufría una persecución política”.
Al respecto ha apostillado: “Además temía por mi vida tras haber perseguido el crimen organizado y la corrupción”.
No obstante ha asegurado que todo este tiempo ha estado a disposición de la justicia y cuarenta días preso y que incluso se ha reunido con el Centro Nacional de Inteligencia español que le ha buscado para controlarle, y ha explicado que la Corte Suprema de Guatemala ha archivado la causa contra él al tratarse de los mismos hechos por los que está siendo juzgado ahora en España.
“Tengo una hoja de vida tras haber tenido éxito empresarial e institucional y mi nombre no lo iba a manchar por matar a ocho reclusos”, ha recalcado el acusado, que fue ministro desde 2004 a 2007.
Según la Fiscalía uno de los presos fue asesinado en 2005 tras fugarse de la cárcel y los otros siete un año después en el asalto a otro centro penitenciario por parte de las fuerzas de seguridad.
Carlos Roberto Vielmann, que ha aclarado que nunca perteneció a ningún partido político, ha recordado que participó en el proceso de paz de Guatemala y de fortalecimiento del proceso de justicia para acabar con la situación de impunidad y de deficiencia de investigación criminal.
En este sentido ha relatado que en su época fueron destituidos 1.200 policías y 800 puestos a disposición de los tribunales por incumplir la ley.
Según el fiscal el primer asesinato tuvo lugar el 3 de noviembre de 2005, unos días después de que se fugaran 19 presos de la cárcel de máxima seguridad “Infiernito”, ante lo que se creó un equipo especial para buscar a los reos dentro del denominado “Plan Gavilán”.
Los oficiales del equipo recibieron las órdenes de asesinar a los presos que se consiguiera capturar, como fue el caso de Edwin Santacruz Rodríguez, que fue detenido en una vivienda y trasladado a un punto de la carretera de Ciudad de Guatemala a Departamento de Zacapa, donde fue hallado con ocho disparos de bala.
El acusado ha negado dar órdenes en tal sentido y ha mantenido que a él solo se le requirió para que autorizara el pago de recompensas a informantes que dieran pistas del paradero de los presos fugados.
El otro hecho por el que se le juzga es el asesinato de siete presos el 25 de septiembre de 2006, cuando se elaboró un plan policial para retomar el control del centro penitenciario Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, que estaba tomada por un grupo de reclusos autodenominado “Comité de Orden y Disciplina”.
Vielmann ha relatado que él se personó en el centro cuando las fuerzas de seguridad ya había actuado y había terminado un enfrentamiento con reclusos y ha insistido en que no dio órdenes del operativo, así como que ese mismo día volvió al recinto con el presidente del país.
Ha relatado que se trataba de “un centro de mucha peligrosidad desde donde los reclusos preparaban secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y robos de vehículos, que los presos habían convertido en un Estado dentro del Estado” y que según le informaron se requisaron un fusil, pistolas, granadas, cuchillos y droga.
“No tenía ningún interés de actuar contra ningún preso en concreto y no conocía a ninguno”, ha asegurado.
En esta causa ejercen también la acusación la Asociación Pro Derechos Humanos de España y las familias de dos víctimas que atribuyen al acusado dos asesinatos más que los relacionados por la Fiscalía, que reclama que el acusado indemnice a cada una de ellas en 300.000 euros.
Por estos hechos ya fue condenado en Suiza a cadena perpetua Erwin Johann Sperisen Vernon, que fue nombrado director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala en la época de Vielmann.
Además, la justicia de Guatemala condenó a 33 años de prisión a Víctor Hugo Soto Dieguez, que fue ratificado en esa etapa en la jefatura de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
En Austria fue juzgado Javier Estanislao F.D. que era responsable de la Subdirección de la Policía Nacional Civil, si bien fue absuelto.
