Huelgas de guardiacárceles malpagados que derivan en muertes de reos en los pabellones. Niveles de hacinamiento que obligan a los internos a dormir en los pasillos o en cualquier espacio que no esté ocupado ya por otro ser humano. Sicarios presos que, a balazos de pistolas calibre 9 mm, matan a otros sicarios presos, con la evidente complicidad de los celadores. Esta es la situación en nuestras cárceles en este 2014 y no hay muchos elementos que nos permitan avizorar un futuro mejor en los próximos años.
Decir que las penitenciarías están en crisis es insuficiente: el sistema no conoce otra realidad que no sea la del colapso total. Tacumbú, infierno que alberga a 4.000 hombres de los cuales más de 3.000 no están condenados, es el producto de décadas de una desidia criminal de los sucesivos ministros de Justicia y Trabajo. La situación no es mucho mejor en las otras prisiones del país: hace unos días se informaba que el penal de Ciudad del Este tiene solo 3 sanitarios por cada 167 reos. En los últimos años, las penitenciarías de Concepción y Pedro Juan Caballero fueron el escenario de espectaculares fugas de peligrosos criminales que un día se cansaron de sus celdas vips y decidieron ser libres.
Nadie sabe cómo los exorbitantes montos que esta institución recibe del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa Pública nunca resultan suficientes para una mejora sustancial en las condiciones de vida de los reos y mayor seguridad en los pabellones.
Como otras penitenciarías del país, Tacumbú debería haber dejado de existir hace años. Quien alguna vez pisó el penal, sabe que una estructura así es insostenible. Más que una bomba de tiempo, Tacumbú es una afrenta permanente, un monstruo que devora a sus hombres día a día, un lugar del cual solo se sale quebrado. La prisión explotó hace rato y cada tanto vuelve a recibir a sus víctimas para luego soltarlas nuevamente más hambrientas, más desesperanzadas y con cada vez menos que perder.
En diciembre pasado, la ministra Sheila Abed decidió cerrar Tacumbú, luego de alcanzar la cifra récord de 4.000 internos en un penal con capacidad para un poco más de 1.500 personas. Esto generó que el Departamento Judicial de la Policía, una dependencia “de tránsito” para los imputados, también termine sobrepasado. Los procesados ahora son enviados a distintas cárceles regionales del país: un parche más para un sistema penitenciario que se desangra por la ausencia, durante tantos años, de un plan a largo plazo para volver dignos a los penales.
