“En nombre del Estado salvadoreño pido perdón (...) a cada una de las familias que fueron y siguen siendo víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado”, dijo Martínez en un acto público con los familiares de los desaparecidos.
También reconoció “la responsabilidad de agentes del Estado en esa desapariciones” y que “el esclarecimiento de la verdad es un derecho indispensable para los afectados” por lo que “les seguiremos buscando hasta encontrarles”.
El acto fue para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó a El Salvador pedir perdón y reconocer públicamente su responsabilidad en la desaparición forzada de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla, Ricardo Abarca Ayala y Emelinda Lorena Hernández.
La sentencia fue emitida en octubre de 2014 y es la quinta condena contra el Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de ese país (1980-1992).
Martínez detalló que el paradero de cuatro niños es desconocido y que las investigaciones de una Comisión de Búsqueda revelaron que Santos Ernesto Salinas, de 9 años, fue “víctima de una ejecución” por parte de los miembros de un batallón elite del Ejército salvadoreño.
“Su recuerdo es el que nos dicta que nunca más debemos permitir que sucesos similares vuelvan a ocurrir en nuestro país”, concluyó Martínez.
Anteriormente el Estado salvadoreño pidió perdón por el asesinato de monseñor Óscar Romero, seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras, y por la masacré de unos 900 campesinos en el departamento de Morazán (nordeste).
Durante la guerra civil salvadoreña se registraron aproximadamente 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
