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Economía
domingo 19 de marzo de 2017, 01:00

El ente perdió USD 781 millones en 15 años

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dejó de percibir 781 millones de dólares debido al congelamiento de la tarifa desde el año 2002. Para el analista económico Amílcar Ferreira, de no primar un manejo político en la institución estatal, se hubiera evitado el aumento decretado por el Gobierno de Horacio Cartes la semana pasada.

El gerente de Planificación de la ANDE, Fabián Cáceres, reconoció el sideral monto que dejó de ingresar a las arcas de la institución por no implementar lo que dicta su Carta Orgánica, la cual obliga a establecer un margen de rentabilidad de entre 8 y 10% en las tarifas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Advirtió que de persistir esta situación, la empresa corría riesgo de caer en default este año, ante la imposibilidad de recaudar al menos USD 77 millones que precisa este año para cumplir con sus compromisos financieros.

Consultado respecto a los argumentos de la ANDE para justificar el último aumento, Ferreira admitió estar de acuerdo con la necesidad de reajustar la tarifa, pero criticó el manejo de la institución. “Lo ideal en todo servicio público es aplicar incrementos en pequeños porcentajes cada año. Sin embargo, criterios políticos y razones populistas llevaron a la ANDE a postergar (los reajustes), haciendo que el golpe final sea grande”, cuestionó.

Desde mañana las tarifas de luz subirán entre el 10 y el 20% para quienes consuman más de 300 kWh al mes, es decir, aquellos quienes habitualmente pagan como mínimo unos G. 110.000 mensuales.

La medida, que afectará a más de 740.000 usuarios, ha despertado el rechazo de la población, debido a la mala calidad del servicio en temporada veraniega, avivando el debate sobre la necesidad o no de privatizar el sector eléctrico en el país.

Monopolio. Al respecto, Ferreira consideró que el monopolio público hace que la ANDE padezca ciertos males, como el manejo de los precios con criterio político, la contratación de personal en forma prebendaria y la incapacidad de acabar con las pérdidas por robo de energía, las cuales representan el 30% de su facturación.

En cifras, el porcentaje de pérdida equivale a más de 100 millones de dólares que dejan de ingresar a la institución anualmente, sea por motivos inherentes a la transmisión, por obsolescencia de los medidores de consumo o por conexiones clandestinas.

Otro hecho que atenta contra la salud financiera de la ANDE es la cuantiosa deuda del Estado por consumo eléctrico. Según el gerente de Planificación, la deuda de las instituciones públicas bajó de 74 millones de dólares en el 2013 a 41 millones de dólares en el 2017, y el compromiso del Gobierno de Cartes –aseguró– es dejar el pasivo en cero en el 2018.

También es muy criticado el privilegio del que goza la mitad del plantel de funcionarios de la ANDE, que solo abonan el 50% de la factura de consumo eléctrico. Este beneficio cuesta cerca de un millón de dólares anuales a la institución y todo indica que el derecho laboral adquirido en el año 1970 continuará vigente por un buen tiempo. Sobre este punto, el analista económico aseguró que este tipo de “privilegios” deberían prohibirse en todas las negociaciones de los sindicatos en empresas públicas, porque termina afectanto a todos los ciudadanos.

Reiteró que por muchos años la estatal se manejó con criterios políticos y no matemáticos, lo que hizo que su manejo financiero sea insostenible y se tengan que hacer los ajustes de golpe, indicó.